Boletín de Luchas Obreras (20 de Octubre de 2018)
ÍNDICE
➢ EL SECTOR DE LA LIMPIEZA ASTURIANO BUSCA UN ACUERDO PARA EVITAR LA HUELGA
➢ UNICAJA NEGOCIA UN ERE PARA REDUCIR MÁS DEL 10% LA PLANTILLA DURANTE TRES AÑOS
➢ CEMEX REESTRUCTURA SU NEGOCIO EN ESPAÑA Y ANUNCIA ERE Y CIERRE DE 2 FÁBRICAS
➢ LA PRIMERA JORNADA DE HUELGA DE MÉDICOS SUSPENDIÓ 29 CIRUGÍAS EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO (CHUVI)
➢ LA SANIDAD PENITENCIARIA, FOCO DE LA HUELGA DE LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES
➢ LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ALBACETE, LA TORRECICA APOYAN LA HUELGA
➢ TRABAJADORES DE LA VASCO LEONESA SE ENCIERRAN EN EL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
➢ CGT RECHAZA EL ERE ANUNCIADO POR WIZINK
➢ TEPSA BARCELONA, TERMINALES PORTUARIAS, UN PASO MÁS HACIA LA EXPLOTACIÓN LABORAL: TRES DESPIDOS
➢ ELA DENUNCIA LA “INSOSTENIBLE” SITUACIÓN DE LA PLANTILLA DE ARDANTZE
➢ ALCOA ANUNCIA 700 DESPIDOS CON EL CIERRE DE SUS PLANTAS EN AVILÉS Y LA CORUÑA
➢ PHARMA MAR, DE MAL EN PEOR: COMIENZAN LOS DESPIDOS
➢ LOS TRABAJADORES DE LA BASE NAVAL SE MANIFIESTAN DE NUEVO
➢ EL PROFESORADO ASOCIADO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UV) CONVOCA UNA NUEVA HUELGA AL INCUMPLIRSE SUS RECLAMACIONES
➢ LOS TRABAJADORES DE CINES YELMO JEREZ DESCONOVOCAN LA HUELGA
➢ SEGUIMIENTO MASIVO DE HUELGA EN LA EMPRESA ALLIUM PROBIDER DE SOCUÉLLAMOS QUE SUFRE IMPAGO DE NÓMINAS
➢ LOS BOMBEROS FORESTALES VALENCIANOS, EN HUELGA PARA LOGRAR COBRAR 1.300 EUROS AL MES
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EL SECTOR DE LA LIMPIEZA ASTURIANO BUSCA UN ACUERDO PARA EVITAR LA HUELGA
Los sindicatos y las patronales asturianas de la limpieza mantendrán una reunión en la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) para intentar acercar posturas y evitar la huelga indefinida en el sector convocada para el 23 de octubre.
No obstante, las centrales sindicales aseguran que las posturas entre ambos están aún muy alejadas, tanto que ven muy complicado poder llegar a un pacto en breve. El principal problema está en la subida de los salarios que plantean unos y otros.
Los empresarios ofrecen una subida acumulada del 4,5% para los próximos tres años, mientras que los sindicatos reclaman un alza del 3% anual y califican de «despropósito» e «insulto» la oferta de la patronal.
Al paro están llamados los 12.000 trabajadores de este sector en la región.
UNICAJA NEGOCIA UN ERE PARA REDUCIR MÁS DEL 10% LA PLANTILLA DURANTE TRES AÑOS
Óscar Giménez – elconfidencial.com
El banco iniciará las negociaciones con los sindicatos para “redimensionar” plantilla. Fuentes del mercado apuntan a un ajuste de más del 10% para elevar la eficiencia
Unicaja Banco será la próxima entidad en meter la tijera en su plantilla. Una vez completada la fusión jurídica con EspañaDuero (CEISS), firma que ya llevó a cabo varios ajustes en la crisis, planea un expediente de regulación de empleo (ERE) pactado con los sindicatos. La intención del banco andaluz es completar el recorte con bajas voluntarias.
El grupo que preside Manuel Azuaga ha convocado a los sindicatos para iniciar la mesa de negociación. La convocatoria hace referencia a redimensionar plantilla, la movilidad geográfica y la modificación de condiciones. Fuentes del mercado señalan que el ajuste será profundo, de al menos el 10% de la plantilla, pudiendo alcanzar la cifra de los 1.000 trabajadores, lo que supondría el 14% de los casi 7.000 empleados que tiene actualmente.
El ajuste será gradual durante los tres próximos años, según fuentes cercanas a Unicaja, coincidiendo con un proceso de digitalización a imagen y semejanza del resto del sector, que incluye cierre de oficinas. No todo el ajuste será necesariamente a través del ERE, sino que también continuarán sin reponerse gran parte de las bajas, como viene siendo habitual en la banca. En cualquier caso, desde la dirección del grupo siempre han asegurado que tratarán de buscar un amplio consenso y que no habrá decisiones traumáticas.
Dentro de la plantilla de Unicaja hay entre 600 y 800 personas ‘prejubilables’, con 56 años o más, según fuentes sindicales. Es decir, Unicaja tendría fácil cubrir un amplio ajuste con bajas voluntarias en función de las condiciones.
Los sindicatos esperan que el ERE presentado sea por razones organizativas (como cierre de oficinas) y con condiciones atractivas, teniendo en cuenta que el último ERE de EspañaDuero aún no expirará hasta finales de este año, y tienen previsto negarse ante cualquier recorte salarial, además de recordar a la dirección que en plena salida de trabajadores de EspañaDuero ha habido contrataciones de temporales.
Unicaja busca con este ajuste mejorar su eficiencia. La ratio que se utiliza para medirla en el sector compara los costes con los ingresos. Esto es, cuánto cuesta generar un euro de facturación, con lo que cuanto más baja sea la ratio, más eficiencia. El último porcentaje publicado fue del 59,4%, que ha ido empeorando respecto a trimestres anteriores.
Esta ratio está por encima (es peor) de los grandes bancos españoles cotizados, que oscilan entre el 47,6% de Banco Santander y el 57,1% de Banco Sabadell. Los salarios de Unicaja están en una media de 55.705 euros, según un estudio de CCOO, con lo que se sitúa en la media de la banca. La desigualdad, medida por las veces que multiplica el sueldo de la persona que más gana a la media de la plantilla, es de 14 veces. Mientras que la productividad por trabajador, según cálculos de este medio, es la más baja entre los bancos cotizados.
Productividad por empleado en la banca
Simulación para el conjunto del año. Margen bruto menos gastos de personal entre la plantilla ->
https://datos.elconfidencial.com/datawrapper-productividad-banca/
Por el contrario, Unicaja lidera el grupo de entidades cotizadas en solvencia, ya que exhibe una ratio de capital del 13,5%, frente a los niveles entre el 11% y el 12% de la mayoría de competidores, justo en un momento en que han sufrido un tirón de orejas desde los supervisores. En cuanto a las ganancias, el banco andaluz generó un beneficio de 104 millones entre enero y junio, un 39,6% más que en el año anterior.
El margen bruto, por su parte, disminuyó un 12%, hasta los 492 millones, y la rentabilidad se situó en el 5,5%, lejos del coste del capital. La entidad tiene una elevada sensibilidad hacia los tipos de interés, por lo que el ‘precio del dinero’ al 0% penaliza su capacidad de generar ingresos. Por ello, la estrategia pasa por diversificar la base de ingresos con productos fuera de balance y elevar la eficiencia, en línea con lo que ha hecho la banca desde la crisis.
Dinámica de la banca
De hecho, la banca ha recortado el 30% de su plantilla y ha cerrado el 40% de sus oficinas en la última década, primero con la reestructuración de la banca que provocó la crisis financiera y después para mejorar su eficiencia ante la dificultad de rentabilizar la actividad tradicional de captar y prestar dinero con el entorno de los tipos de interés al 0%.
El banco con sede en Málaga tuvo en el segundo trimestre 6.916 empleados, según la última presentación de resultados, así como 1.196 oficinas. Estas cifras se han ido reduciendo de forma progresiva, desde los 7.200 trabajadores en diciembre y 7.353 en junio de 2017, o desde las 1.227 sucursales a finales del año pasado y 1.249 en el segundo trimestre de 2017.
De esta forma, la reducción ha sido del 5% interanual en plantilla y del 4% en la red de oficinas desde que empezó a cotizar. En este periodo, ha integrado definitivamente a EspañaDuero (CEISS), que adquirió en 2014. La entidad absorbida, que ya ha soportado cuatro ERE durante la crisis —el último bajo el paraguas de Unicaja—, supone algo más de un tercio de la plantilla del grupo, según fuentes sindicales.
CEMEX REESTRUCTURA SU NEGOCIO EN ESPAÑA Y ANUNCIA ERE Y CIERRE DE 2 FÁBRICAS
Madrid (EFE)
El grupo cementero mexicano Cemex, que cuenta con una planta en Buñol (Valencia), ha anunciado un proceso de reestructuración de su negocio en España que contempla el cese de actividad de dos fábricas, una reducción «importante» de su estructura y un expediente de regulación de empleo (ERE) que no ha cuantificado.
La compañía, que emplea a cerca de mil trabajadores en España, ha explicado que estas medidas responden a la situación del sector y a las perspectivas de la industria frente a la nueva regulación europea sobre los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) a partir de 2020.
Estos factores, según ha señalado en un comunicado, hacen «totalmente necesario» la adopción de medidas para asegurar el mantenimiento de la actividad de Cemex en España y su presencia en los diferentes mercados en los que viene operando.
En concreto, dentro de este proceso la cementera prevé una «importante» reducción de su estructura, así como el cese de actividad en dos de las siete fábricas de cemento con que cuenta en nuestro país.
Se trata de las fábricas situadas en Gádor (Almería) y Lloseta (Baleares), que emplean a 100 personas cada una.
Además, los ajustes de personal también se extenderán a otros centros de trabajo, determinadas oficinas comerciales y las propias oficinas corporativas centrales.
De hecho, la compañía ya ha comunicado a los representantes sindicales de los centros afectados la intención de la compañía de iniciar un proceso de despido colectivo.
Con todo ello, el proceso de reestructuración de la filial operativa española del grupo, Cemex España Operaciones, afectará tanto a su modelo de organización como a su implantación industrial en España.
La compañía, que no ha facilitado a cuántos trabajadores podría afectar el expediente de regulación de empleo, ha avanzado que las negociaciones con los trabajadores se iniciarán durante el mes de noviembre.
Cemex tiene en España siete 7 fábricas de cemento, 44 de hormigón, seis canteras de áridos y nueve terminales marítimas, y una capacidad de producción de 10,4 millones de toneladas al año y 8,2 millones de toneladas de clíncker, según los datos facilitados en su página web.
En 2013, coincidiendo con la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria, la compañía anunció un despido colectivo para 127 empleados de sus centros de producción. Un año antes, la compañía despidió a 339 trabajadores.
LA PRIMERA JORNADA DE HUELGA DE MÉDICOS SUSPENDIÓ 29 CIRUGÍAS EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO (CHUVI)
Faro de Vigo
El parón convocado por el sindicato O’Mega volverá a repetirse
El primero de los nueve días de huelga convocados por el sindicato médico O’mega para demandar la aplicación de la carrera profesional para todos los facultativos y del complemento específico «igual para todos los facultativos» tuvo un seguimiento desigual en Vigo, en función de quién lo cuente.
El Sergas sostiene que solo secundó el paro un 5,7% de los doctores por la mañana y un 2% por la tarde. La central lo eleva a un 65% y señala que es en el área de Vigo en la que ha tenido más repercusión.
En los quirófanos del Chuvi se suspendieron 29 de más de 120 cirugías programadas, que tendrán que ser recolocadas en próximos días.
Manuel Rodríguez, delegado del sindicato O’mega señala que eran 129 las operaciones programadas, sin tener en cuenta las urgentes. Cuenta que, además de los servicios mínimos, solo apareció a trabajar un anestesista en el Hospital Álvaro Cunqueiro y dos en el Meixoeiro.
Si los servicios mínimos solo están para los casos urgentes, se pregunta cómo es posible que tres anestesistas hicieran tantas. Sospecha que han introducido en quirófano casos de cáncer como urgencias para que los hicieran los profesionales asignados como servicios mínimos. Una estrategia que censura.
El segundo paro está ya convocado. Los siguientes serán el 31 de octubre, el 2 y el 5 de noviembre y el 5, el 7, el 10 y el 11 de diciembre.
Entre las reclamaciones del sindicato está la oposición a la reforma de la ley de sanidad, que conllevó la «reducción del número de áreas sanitarias de once a siete, minusvalorando a los hospitales comarcales», según critican.
Inciden en la oposición al sistema de carrera profesional marcado por la Xunta. O’Mega considera también que la situación de crisis provocó un «incremento de la carga de trabajo» de los profesionales.
LA SANIDAD PENITENCIARIA, FOCO DE LA HUELGA DE LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES
Nacho Cortés – consalud.es
– Los sindicatos de prisiones se movilizan para que exigir al Ministerio de Interior la mejora de las condiciones laborales y económicas de los funcionarios de este sector
– Las movilizaciones continuarán hasta conseguir una reunión urgente con Marlaska, se encadenarán a las puertas de la sede de Interior
– La falta de coordinación en el Ministerio de Interior a la hora de convocar a los sindicatos ha llevado a que ambas partes no puedan sentarse a negociar
Representantes sindicales durante el encierro en el salón imperial del Ministerio de Interior ->
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Los principales sindicatos de prisiones ACAIP, CSIF, UGT, CCOO y CIG han convocado la primera huelga general de seis días para exigir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que retome la negociación para mejorar las condiciones laborales y económicas de los funcionarios de este sector. El estado de la sanidad penitenciaria, entre las cuestiones que preocupan estas organizaciones.
Los paros de 24 horas a los que están llamados 25.000 trabajadores están previstos para el 24 y 26 de octubre, así como para el 6, 8, 13 y 15 de noviembre. Los responsables de los citados sindicatos están llevando a cabo diferentes movilizaciones para ejercer presión.
Lo último ha sido el encierro de estos en el salón imperial del Ministerio, tras finalizar la reunión de la Junta de Personal del Ministerio del Interior, debido a la anulación unilateral a última hora de la reunión concertada con la Subsecretaria del Interior.
Hace unos días el Ministerio de Interior ofreció una subida media de 365 euros lineales, al conjunto de la plantilla de Prisiones, que se haría efectiva a lo largo de 2019, 2020 y 2021 (una oferta global de 122.646.399 euros) si bien, esta oferta ha sido retirada porque la partida económica no ha sido autorizada.
La convocatoria de huelga se produce tras la falta de concreción de una oferta económica que satisfaga las necesidades del colectivo. Se trata de la primera huelga general de la historia en este ámbito y la primera que debe afrontar el ejecutivo de Pedro Sánchez.
Los sindicatos solicitan una reunión urgente con Marlaska y anuncian que se encadenarán frente a las puertas de la sede de Interior en el paseo de la Castellana.
Encierro en Interior
Como consecuencia del encierro protagonizado por la Plataforma Sindical de la Junta de Personal del Ministerio del Interior, después de varias horas encerrados e interlocuciones con la policía y responsables del Ministerio, consiguieron que la Subsecretaria de Interior les convocase a una reunión.
Entre los funcionarios afectados dentro del colectivo, los sanitarios de prisiones, que han visto mermadas sus condiciones de trabajo y han tenido que hacer frente a la precariedad como buenamente han podido.
Miembros de la Plataforma Sindical en la Junta de Personal del Ministerio del Interior en el encierro celebrado en la sede del Ministerio ->
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La Plataforma, que demanda de devolución del montante de los 122 millones de euros a la Mesa de Retribuciones de Instituciones Penitenciarias, consiguió su objetivo inicial, aunque con un sabor amargo. La descoordinación en Interior llevó a que finalmente no se celebrase el encuentro con los sindicatos.
«A través de los medios de comunicación, el Gabinete de Comunicación del Ministerio del Interior mandó una nota de prensa adelantando la reunión sin conocimiento de las organizaciones sindicales y sin un compromiso efectivo de desbloquear la partida retributiva demandada, por lo que entendemos que tenía como objeto un disfraz negociador para expresar a la sociedad la buena fe del Gobierno a oír nuestras reivindicaciones», critica CSIF-Instituciones Penitenciarias, en un comunicado de prensa.
«En el mismo día y a última hora de la noche, sin conocimiento de la nota de prensa del Ministerio del Interior por parte de la Plataforma y con los Presidentes y Secretarios General de los sindicatos realizando asambleas por todo el territorio nacional nos convoca el Subdirector General de RR.HH de forma improvisada y no oficial, sin un orden del día, sin el espacio mínimo de convocatoria y sin podernos asegurar la presencia de la Subsecretaria del Ministerio del Interior», prosigue la central sindical.
«La Subdirección General de RR.HH. desconvoca la reunión al considerar la Plataforma sindical que dicha propuesta era una ofensa a la dignidad del colectivo. Nos van a volver a convocar en un plazo de dos horas para crear más confusión, por lo que volvemos a rechazar de forma mayoritaria dicha convocatoria a expensas de mantener una reunión con un montante económico sobre la mesa y con un interlocutor válido», concluye CSIF, en un comunicado en el que se hace eco del postulado de la Plataforma Sindical que ha convocado la huelga de prisiones.
LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ALBACETE, LA TORRECICA APOYAN LA HUELGA
Josechu Guillamón – La Tribuna de Albacete
Los trabajadores de la cárcel, que denuncian la «degradación» del sistema penitenciario y la existencia de un brote de sarna, creen que tendrán que recurrir los servicios mínimos fijados
Los funcionarios del Centro Penitenciario de Albacete, La Torrecica, apoyan mayoritariamente los seis días de huelga general que han convocado todos los sindicatos (Acaip, CCOO, UGT, CSIF y GIT) para exigir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que retome la negociación para mejorar las condiciones económicas y laborales de los funcionarios de éste sector.
Así lo aseguró el delegado de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) en La Torrecica, Luis Bayo, que recordó que los cinco sindicatos convocantes representan al 97% de los funcionarios.
Bayo comentaba que las seis jornadas de huelga, fijadas para los días 24 y 26 de octubre y 6, 8, 13 y 15 de noviembre, se realizarán por la degradación que se ha producido en el sistema público de prisiones. «El sistema está totalmente degradado, de hecho, se ha hecho una asamblea de trabajadores, porque los problemas son tan graves que no sabemos ni que hacer».
El representante de Acaip aseguraba que ahora mismo faltarían en la prisión 42 funcionarios, puesto que la plantilla la componen 170 funcionarios y ahora hay 128 y 15 funcionarios en prácticas, «de los cuales seis se irán pronto y además en lugar de estar tutelados, están trabajando solos en los módulos».
Bayo añadía que los funcionarios están cansados y es que han sufrido hasta un brote de sarna. «Estamos muy hartos de todo, de las agresiones, del brote de sarna que ha habido, del intento de fuga, aquí tenemos de todo». Esto hace que «el ambiente sea muy malo, por la carga de trabajo excesiva y provoca que todo el que pueda se marche de aquí».
TRABAJADORES DE LA VASCO LEONESA SE ENCIERRAN EN EL AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
La Nueva España
El comité de empresa reclama medidas «urgentes» ante los inminentes despidos
Miembros del comité de empresa de una de las unidades de producción de la Hullera Vasco Leonesa han decidido encerrarse en el Ayuntamiento de La Robla (León) para reclamar atención y medidas «urgentes» para los trabajadores afectados por el inminente expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción.
En la reunión con el alcalde de La Robla, Santiago Dorado, los representantes de los trabajadores le han trasladado al regidor que, tras reunirse con miembros del Gobierno socialista en León, se les había dejado clara la situación de emergencia que padecían, según ha informado USO.
En dicho encuentro, los responsables políticos habían calmado a los delegados sindicales a los que les aseguraron que tomarían medidas en favor de la estabilidad del sector y de sus puestos de trabajo. Sin embargo, «el batacazo ha sido aún mayor», a juicio del secretario general de USO en Castilla y León, Marco Antonio Martínez.
El presidente del comité de empresa, José Luis Villanueva, aseguró que «el encierro es indefinido hasta que se encuentre una solución al problema y cuenta con el beneplácito del alcalde». También apuntó que en los próximos días mantendrán una reunión con el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, para intentar acercar posturas con el Gobierno.
Plan minero
Además, se celebrará un nuevo encuentro entre los representantes del Gobierno central y de los sindicatos para avanzar en la negociación sobre el futuro del sector y del plan minero. La reunión tendrá lugar en Madrid.
CGT RECHAZA EL ERE ANUNCIADO POR WIZINK
El Sindicato CGT que cuenta con una alta representatividad en WiZink no entiende justificado el ERE ha anunciado WiZink Bank, empresa que viene presentando muy altos beneficios anuales.
Entiende que las causas alegadas son genéricas, habituales y comunes a la totalidad de empresas del sector, y que la verdadera razón se esconde en la desmedida codicia de su principal accionista el fondo “buitre” Värde Partners, que pretende aumentar aún más sus beneficios eliminando una buena parte de su plantilla (209 empleados) y después desviar sus actividades a otras empresas que operan con trabajadores de condiciones laborales más precarias.
Este conflicto laboral viene a coincidir en el tiempo con las numerosas denuncias que están presentando sus clientes por su producto de tarjetas “revolving”, que algunos juzgados están considerando que incurre en la usura.
CGT no descarta proceder a movilizaciones, y denuncias por las múltiples irregularidades laborales que concurren en esta entidad bancaria.
TEPSA BARCELONA, TERMINALES PORTUARIAS, UN PASO MÁS HACIA LA EXPLOTACIÓN LABORAL: TRES DESPIDOS
Comunicado CGT Barcelona
– No estamos dispuestos ni vamos a permitir que personal externo en condiciones precarias sustituya nuestros puestos de trabajo.
– No vamos a permitir ni un despido más.
– No vamos a parar hasta que se readmita a los despedidos
La empresa tiene en Barcelona alrededor de 100 trabajadores y otros centros de trabajo en Tarragona, Bilbao y Valencia. La actividad es la de almacenar productos químicas y petroleros en el puerto de Barcelona para suministrarlos a empresas.
El pasado 15 de Octubre la Dirección de Terminales Portuarias SL en Barcelona despedía a tres trabajadores en aplicación de la Reforma Laboral, trabajadores que llevaban entre 10 y 16 años en la empresa.
Estos despidos son un resultado más del Plan de Reestructuración iniciado por Tepsa en Diciembre de 2013 y que se ha saldado con la pérdida de más de cuarenta puestos de trabajo hasta el día de hoy.
Dichos puestos de trabajo se han ido ocupando con personal externo, ETTs, y empresas subcontratadas con el fin de eliminar poco a poco los derechos de los trabajadores del Centro sustituyéndolos por trabajadores en condicione más precarias
Lo llaman externalizaciones, pero lo utilizan para disponer de trabajadores en situaciones de desprotección y sin respeto a sus derechos.
La Dirección parece no haber entendido que los trabajadores de Tepsa estamos dispuestos a confrontar esta situación hasta las últimas consecuencias, y muestra de ello fue la Huelga de cuarenta días que en Septiembre de 2014 iniciamos en una situación similar.
ELA DENUNCIA LA “INSOSTENIBLE” SITUACIÓN DE LA PLANTILLA DE ARDANTZE
Julen Azcona – Noticias de Navarra
Afirma que no hay deuda y que no puede inaplicarse el convenio sin acuerdo
El representante del sindicato ELA en Tierra Estella, Juan Larraia, denunció la situación “insostenible” de los trece trabajadores del complejo deportivo Ardantze de Ayegui y criticó la actual gestión de la junta de Gastizun, sociedad pública municipal detrás de las instalaciones desde 2014, que actualmente preside el alcalde de la localidad, Juan Mª Yanci (Ayegui Unido).
Larraia aseguró, en una rueda de prensa a la que asistió junto con el delegado de personal de la empresa, Inti Nehuen Hernández, que la deuda de Ardantze es “ficticia” y que el Ayuntamiento alude a ella con el fin de “cambiar las condiciones del convenio laboral de los trabajadores”.
El representante sindical puntualizó que no se trata de una deuda sino de un “agujero contable” del que económicamente “tiene que responder el Ayuntamiento”, aportando la parte que no tenga Gastizun. “Gastizun en sí misma no genera más dinero que las cuotas y estas no son suficientes”, afirmó. “Esas aportaciones tenían que estar presupuestadas y no lo están desde el año 2014. Y ahora el Ayuntamiento se está echando las manos a la cabeza. Nos preguntamos dónde está ese dinero”.
Según los empleados, el déficit de Ardantze es “menor” que antes de la creación de la sociedad pública, “incluso después de asumir el albergue, la cubierta de la piscina y la nueva maquinaria”. Lamentan que muchas actividades se hayan dejado de ofrecer en los últimos meses por tener en cuenta únicamente su rentabilidad y no el servicio que ofrecían, como es el caso de las sesiones con Anfas o con escuelas.
Convenio
Como se recordará, en la junta general de principios de este mes se aprobó anular el convenio laboral de la plantilla por estar “basado en datos irreales” y para “equilibrarlo al estado de las cuentas”, según el alcalde. ELA explicó que la inaplicación unilateral, a pesar de estar contemplada en la Reforma Laboral, contradice lo firmado entre Gastizun y los empleados de Ardantze. “El convenio lo hicimos en su día para tener total garantía de que esto se evitaba; se puede abrir una mesa de negociación, pero nunca actuar unilateralmente. Por eso nos resulta extraño que el Ayuntamiento diga que va a inaplicar, cuando no hay formato legal que se lo permita”.
Larraia añadió que los empleados conocieron de esta decisión por la prensa y también a través de una reunión “en la que dijeron que se trataba de una renegociación, pero quedó claro que el convenio tenía que desaparecer. Se habló de sanciones, despidos y cierre de instalaciones”. Ante esto, la plantilla tiene claro que hará valer el convenio, “que es Ley, hasta las últimas consecuencias: si incumplen, tendremos que denunciar y llevaremos a cabo movilizaciones y huelgas”.
El representante sindical denunció que “se culpabilice a los salarios de la mala gestión” y negó que sean elevados con respecto al sector ya que, aseguró, a excepción de la gerencia los empleados de Ardantze perciben como máximo 1.400 euros brutos al mes. Añadió que el Ayuntamiento acumula una deuda de 12.000 euros con la plantilla por los atrasos del convenio de 2017.
Comunicado a usuarios
Los empleados de Ardantze enviaron una nota a sus usuarios exponiendo su situación y pidiendo disculpas por los desajustes “producidos por causas totalmente ajenas a nuestra responsabilidad”. Les describieron la gestión de Gastizun como “pura especulación económica” y la de la nueva gerencia como “desidia y dejación de funciones.
Esto afecta negativamente al desarrollo normal de las actividades y si no han sido de mayor calado es por la implicación y dedicación de la plantilla. En pago a esta implicación recibimos desregulación de calendarios, turnos y horarios; amenazas; sanciones; impagos, etc.”.
ALCOA ANUNCIA 700 DESPIDOS CON EL CIERRE DE SUS PLANTAS EN AVILÉS Y LA CORUÑA
La Vanguardia
El precio de la energía y de la materia prima argumentarían la decisión
Alcoa anuncia 700 despidos con el cierre de sus plantas en Avilés y La Coruña
La multinacional americana de aluminio Alcoa ha anunciado el cierre de las factorías de Avilés y de La Coruña, que dan empleo a 317 y 369 personas, respectivamente. La noticia ha descolocado a las autoridades y sindicatos, que no conocían los planes.
Alcoa asegura que las plantas son las menos productivas del grupo, debido a los problemas estructurales que atraviesa, tanto productivos como tecnológicos, y prevé que continúen las pérdidas “significativas” que registran ambas instalaciones. la compañía ha anunciado el inicio de un procedimiento de despido colectivo que afectará a todos los empleados.
Impactos insalvables
Uno de los argumentos esgrimidos por la multinacional es el elevado precio de la energía -que supone hasta el 40% de los costes en la producción de aluminio-, así como de la materia prima, la alúmina.
Alcoa también ha indicado que “en un intento por superar estas condiciones adversas, ha hecho importantes esfuerzos” en los últimos años para reducir costes y mantener el empleo. Sin embargo, señala la empresa, debido a una tecnología más antigua y menos eficiente, a la economía de escala y a otros factores, estas plantas continúan sin ser competitivas.
Rechazo político
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha mostrado su “sorpresa” y “preocupación” ante el anuncio y le ha solicitado que abra un proceso de negociación para buscar alternativas.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de “muy mala noticia” el cierre. De su parte, el Gobierno asturiano ha mostrado ya su rechazo y ha criticado además “la insólita forma de proceder” de la compañía, que hasta ahora no había advertido “por ningún medio” de esta posibilidad, según ha explicado el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, quien ha hecho un llamamiento a Alcoa para que reconsidere su decisión, al igual que hizo en 2014 cuando anunció una medida similar.
PHARMA MAR, DE MAL EN PEOR: COMIENZAN LOS DESPIDOS
X.R.M. – Economía Digital Galicia
El hundimiento en bolsa de Pharma Mar se une a un plan de bajas laborales al que ha destinado este año casi dos millones en indemnizaciones
A José María Fernández de Sousa-Faro todo el viento le sopla en contra. La evolución de Pharma Mar en bolsa, con un descalabro que a media sesión superó el 7%, para acabar con una caída del 1,6%, es la consecuencia, y no el origen, de sus problemas. Ni la venta de Xylazel, cerrada en septiembre a Azko Nobel por 21,8 millones, logra aliviar la presión vendedora sobre el valor. Porque Pharma Mar esconde otros problemas relacionados con su propio modelo y sus expectativas.
De puertas afuera, la compañía biotecnológica se enzarza con la Comisión Europea, a la que ha llevado ante el Tribunal de Justicia de la UE por la denegación de la autorización para comercializar el medicamento para uso humano Aplidin. Hacia dentro, en su propia casa, Fernández de Sousa-Faro ha activado un plan de reducción de costes que afecta directamente a la plantilla.
El plan de bajas laborales
El plan de bajas laborales se ha saldado en los primeros seis meses del año con indemnizaciones por importe de 1,7 millones de euros, prácticamente el doble de lo destinado a despidos en el primer semestre de 2016, cuando fueron 850.000 euros. Así consta en la cuenta de resultados de la compañía, así como unos razonamientos claros y meridianos que acompañan a su memoria semestral. Básicamente, Pharma Mar activa los despidos a consecuencia del fracaso de sus antitumorales.
«A consecuencia de la suspensión de ciertos proyectos de investigación (Aplidin) o de algunos ensayos clínicos (Corail, básicamente el Zepsyre en cáncer de ovario), así como a la ralentización de otros ensayos clínicos en marcha, Pharma Mar ha rescindido algunos puestos de trabajo relacionados con los mismos», explica la compañía de Fernández de Sousa-Faro. «A la fecha de cierre de los presentes estados financieros (es decir, en el primer semestre de 2018) las indemnizaciones laborales consecuencia de estas acciones ascendían a 1,7 millones».
Más deuda por las indemnizaciones
La compañía no encuentra explicación a su caída en bolsa, como apuró en comunicar a la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero sin embargo sí que tiene explicación para el incremento de su endeudamiento. Y tiene mucho que ver con esos costes laborales en los que ha incurrido.
«La deuda neta del grupo a junio se ha incrementado en 22,7 millones de euros con respecto a diciembre 2017, a consecuencia de varios factores», dice Pharma Mar. Entre ellos, apunta al «coste de las indemnizaciones laborales por el recorte de costes operativos y el efecto en el cash-flow de las sociedades del segmento de química de gran consumo, al ser consumidoras netas de caja en el primer semestre».
Más de una treintena de bajas
Pharma Mar, que no cuenta con un comité de empresa formalmente constituido, se ha desprendido de una treintena larga de trabajadores este año, a decir por lo que declara a la CNMV. En concreto, a treinta de junio de este ejercicio contaba en plantilla, como grupo consolidado, con una nómina de 696 trabajadores. Un año antes, en el primer semestre de 2017, su plantilla media rondaba los 721 empleados.
El número medio de empleados del grupo llegó a ser al cierre de 2017 de 727 personas (713 en 2016). El segmento de oncología contaba con 416 trabajadores, por unos 53 en diagnóstico, mientras que los pertenecientes al segmento de química de gran consumo ascendían a 215 profesionales.
LOS TRABAJADORES DE LA BASE NAVAL SE MANIFIESTAN DE NUEVO
Antonio Bernal – Andalucía Información
Exigen que se cumpla la legislación laboral española y que el Gobierno Central intervenga cuanto antes.
Los trabajadores del aeropuerto de la Base Naval de Rota se han vuelto a manifestar en protesta por los 30 despidos que suma ya el conflicto laboral. Exigen a Louis Berger, empresa que gestiona los contratos, la readmisión de los trabajadores despedidos.
Si hace días se hablaba de la posible visita de la Comisión de Defensa a la Base Naval de Rota, los trabajadores del aeropuerto del recinto militar se han vuelto a manifestar a las 7 de la mañana en la rotonda de la entrada al municipio.
Alrededor de 50 personas se concentraban como señal de protesta por los 30 despidos que suma ya el conflicto laboral. Según Edgar Schmidt, secretario del Comité que fue despedido en noviembre, no se está cumpliendo con la legislación laboral española. Destaca que son trabajadores de España y no de Estados Unidos.
Los trabajadores del aeropuerto de la Base Naval llevan realizando dos parones diarios en el trabajo a modo de protesta por la impotencia, afirman, de que este conflicto no vea su final. Desde el grupo de manifestantes, piden al Gobierno de Pedro Sánchez que plante cara a este problema y busque soluciones para los 30 trabajadores despedidos.
Según los trabajadores de la Base Naval de Rota, la huelga sigue estando pie de manera indefinida hasta que no vean mejoras en dicho conflicto. En definidas cuentas, el Comité de Trabajadores exige que se cumplan las leyes laborales de España y que se cubran los servicios mínimos de estos. Un conflicto que se extiende durante más de dos años y que sigue siendo un quebradero de cabeza para todo el municipio.
EL PROFESORADO ASOCIADO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UV) CONVOCA UNA NUEVA HUELGA AL INCUMPLIRSE SUS RECLAMACIONES
Los paros se realizarán los días 24 y 25 de octubre y 28 y 29 de noviembre al considerar que “siguen sin cumplirse” las reclamaciones que plantearon en la huelga indefinida del pasado curso
Concentración del profesorado asociado ante la Consellería de Educación y Cultura (LVE) ->
La Plataforma de Personal Docente e Investigador (PDI) asociado de la Universitat de València (UV) ha convocado una nueva huelga los días 24 y 25 de octubre y 28 y 29 de noviembre al considerar que “siguen sin cumplirse” las reclamaciones que plantearon en la huelga indefinida del pasado curso.
Miembros de la Plataforma han presentado al Rectorado y a la Dirección General de Trabajo y Bienestar Social un preaviso de huelga en la que recuerdan que la anterior se celebró entre enero y mayo de 2018 y exponer las razones de la actual, según ha informado la entidad en un comunicado.
Entre las razones que esgrimen para esta nueva convocatoria consta el hecho de que los objetivos y reivindicaciones que perseguía en la huelga indefinida del pasado curso “continúan sin cumplirse”.
La Plataforma también critica el hecho de que el acuerdo que firmaron los sindicatos presentes en la Mesa Negociadora y la Universitat de València el 26 de marzo pasado -que suponía un mínimo incremento retributivo y que fue rechazado por el colectivo- sigue sin aplicarse.
Además, afirma que la negociación del convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas valencianas solo “sufre dilaciones y parece que se cerrará sin llegar a acuerdos en los aspectos más sensibles, como son retribuciones, duración de los contratos, estabilización y promoción de las figuras más precarias”.
“Todo esto ha hecho que no nos quede otro camino que continuar con las movilizaciones, y entre ellas la huelga”, asegura la Plataforma, que advierte de que afectará a otras universidades del país, que también convocará huelgas, paros parciales o movilizaciones.
El objetivo es que se genere un “ambiente de presión para que, si no hay avances ni mejoras desde el Ministerio de Educación ni en la nueva redacción de una Ley Universitaria, se creen las condiciones para convocar una huelga de carácter indefinido a partir de finales de enero del 2019, que afectaría a universidades de todo el Estado”.
LOS TRABAJADORES DE CINES YELMO JEREZ DESCONOVOCAN LA HUELGA
Ana Huguet – Cadena Ser – Jerez de la Frontera
Los trabajadores de cines Yelmo desconvocan la huelga de los días 19, 20 y 21 de octubre. La empresa se ha comprometido con el comité a mantener abiertas las negociaciones en la mesa del convenio provincial, que no se revisa desde 2008.
Se prevé que antes de que acabe este mes se convoque la mesa de diálogo para tratar de mejorar las condiciones de estos empleados, que se rigen por unas condiciones que no varían desde hace diez años.
La plantilla ha decidido dar un voto de confianza a la empresa y suspende las tres jornadas de paros previstas.
Cabe recordar que el personal de los cines Yelmo Jerez ha secundado ya seis días de huelga para rechazar la precariedad laboral que sufren, con un sueldo que no llega a los 4 euros la hora.
SEGUIMIENTO MASIVO DE HUELGA EN LA EMPRESA ALLIUM PROBIDER DE SOCUÉLLAMOS QUE SUFRE IMPAGO DE NÓMINAS
El Digital de Castilla la Mancha
Los 80 trabajadores de Allium Probider han secundado de forma prácticamente unánime una jornada de huelga tras comprobar que la empresa no les ingresó las nóminas que les adeuda y que se comprometió a pagar sin falta el 15 de octubre.
El comité de empresa y los sindicatos CCOO y UGT exigen el inmediato abono de los salarios atrasados –la mensualidad de septiembre íntegra y parte de las de agosto y abril– y en caso contrario anuncian la convocatoria de nuevos paros, ha informado CCOO en nota de prensa.
«No esperábamos y no queríamos tener que ir a la huelga, la falta de seriedad de la empresa no ha obligado a hacerlo», han indicado los representantes de los trabajadores de Allium Probider, una empresa dedicada a la producción, manipulación y comercialización de ajos y cebollas radicada en Socuéllamos (Ciudad Real)
CCOO apunta que el comité de empresa formalizó el pasado 2 de octubre la convocatoria de un día de huelga para el martes 16, tras celebrarse sin acuerdo ante el jurado arbitral la mediación previa instada para reclamar el cobro de los salarios adeudados.
Sin embargo, añade que unos días después la empresa saldó una parte de la deuda y se comprometió a ingresar el resto antes del 15 de octubre. «Con la intención de alcanzar una solución dialogada y darle margen de maniobra a la empresa, mantuvimos la convocatoria huelga, pero anunciamos que no la llevaríamos a la práctica», añade.
«Aun así, alcanzado el 15 de octubre, fecha en que la empresa tendría que haber abonado los atrasos pendientes, no se ha producido tal ingreso y la plantilla ha decidido hacer efectiva la huelga, mostrando con este acto su unión y rechazó ante la situación insostenible que están sufriendo los trabajadores y sus familias», argumenta el sindicato.
LOS BOMBEROS FORESTALES VALENCIANOS, EN HUELGA PARA LOGRAR COBRAR 1.300 EUROS AL MES
Raquel Andrés Durà – La Vanguardia
También piden que se reconozca la “segunda actividad” para los más mayores o con problemas de salud
Sospechan que la empresa pública Tragsa no quiere sentar precedentes que puedan beneficiar a efectivos del resto del Estado
“Tienes una jornada de 10 horas, pero en caso de incendio forestal, puedes estar 20 horas trabajando y tragando humo. Perdemos unas 3.000 o 4.000 calorías en un día… Acabas desecho”. Lo cuenta Kontre, un bombero forestal de la Coordinadora Obrera Sindical (COS), con cierto agotamiento. Él y sus compañeros llevan un mes de huelga, desde el 14 de septiembre y sin fecha de finalización. Cobran hasta 400 euros menos por su protesta, que algunos han ampliado con ciclos de huelga de hambre.
A principios de agosto el incendio de Llutxent abrió los telediarios estatales y sacudió conciencias. Nada nuevo: un fuego terrible en pleno verano en tierras valencianas acababa con la primera o segunda residencia de decenas de personas, además de calcinar espacios de gran valor ecológico como el paraje natural del Surar.
Las dudas sobre si el dispositivo de emergencias podía haber respondido más rápido dejó patente las precarias condiciones laborales de los bomberos forestales, que actualmente cobran entre 900 y 1.000 euros netos al mes por jornadas que a veces son interminables y con riesgos elevados.
La unidad está adscrita a la empresa público-privada estatal Tragsa pero el 1 de diciembre pasará a depender de la Generalitat Valenciana como personal laboral. El sindicato promotor de la huelga reclama equiparar salarios y llegar a unos 1.300 euros netos mensuales (alrededor de 300 euros más). “No pedimos tanto”, sostiene Kontre.
El fuego de Llutxent también puso de manifiesto la necesidad de unificar el cuerpo para mejorar la coordinación. Hoy por hoy parte del material, equipo, vehículos y órdenes dependen de Tragsa –que está vinculada al Ministerio de Agricultura–, mientras que otra parte pertenece al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia de la Generalitat Valenciana.
Adecuación salarial y “segunda actividad”
Además, desde el pasado 1 de enero se les han atribuido nuevas funciones después de que el Servicio de Brigadas de Emergencia se transformara en el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, con la creación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). Este nuevo organismo tiene como principal objetivo la unificación de los cuerpos para facilitar la gestión en los casos de emergencia.
Con ello, los forestales asumen funciones en inundaciones, catástrofes con hidrocarburos, nevadas o rescate de personas. El portavoz de la COS asegura que estas labores ya se hacían antes, pero no fue hasta este año que consiguieron que quedara por escrito para así solicitar la adecuación salarial.
Los sindicatos de los bomberos forestales (representados por CCOO, UGT, CGT, Intersindical y SPPLB, además del apoyo externo de la COS) exigieron a Tragsa un aumento del 50%, pero tras un año de negociaciones lograron pactar el 31%, hasta los mencionados 1.300 euros al mes.
Reubicar a quien lo pase el examen médico
La otra gran reivindicación del colectivo es que se les reconozca la “segunda actividad”, es decir, que se reubique a las personas mayores de 60 años o que por salud no puedan continuar en primera línea de fuego. En los cuerpos de policía, por ejemplo, se fijan labores de menor peligrosidad y exigencia física –como la custodia de edificios públicos– para este perfil de trabajadores.
Antonio Criado, secretario general de la sección sindical de Comisiones Obreras en Bomberos Forestales, explica que todos los trabajadores tienen que pasar anualmente un reconocimiento médico. Si no lo superan, se les declara “no aptos” y son despedidos. Además, los forestales que trabajan seis meses también deben superar una prueba física anual.
Solo falta la firma de Hacienda y la publicación en el DOGV
En realidad, las demandas de los forestales ya están acordadas, el problema es que no entran en vigor. Los sindicatos exponen que están a la espera de una firma del Ministerio de Hacienda que no llega nunca y critican que la empresa, Tragsa, aún no ha publicado el acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). “No lo quieren hacer para no tener que cumplir lo acordado”, denuncia Criado.
Según ha podido comprobar La Vanguardia, la dirección de Tragsa ya firmó un “acuerdo global” con la representación legal de los trabajadores –UGT, CCOO-PV, CGT-PV y SPPLB– que refleja ambas exigencias: la subida salarial y la “regulación de los puestos de segunda actividad”.
Por otro lado, desde Madrid pusieron como condición para dar el visto bueno que la Generalitat aprobara el Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales, algo que se produjo el pasado 7 de septiembre. El Gobierno español del PP de Mariano Rajoy se comprometió a aceptar las reivindicaciones, pero según denuncian los forestales, el cambio de signo político en el Ejecutivo les jugó una mala pasada. Por eso decidieron iniciar la huelga que, de momento, no tiene fecha de fin.
El 31% de subida es un complemento no blindado
El Gobierno de España defiende que la parte económica “ya está solucionada” y que ese 31% de aumento salarial se les aporta desde septiembre y hasta el 30 de noviembre, antes de pasar a depender de la Generalitat, “en calidad de mejora unilateral no consolidable”. No es lo que piden los forestales, que querían que figurara como aumento del sueldo base, para blindarlo. De no ser así, a partir del 1 de diciembre cambiarán de empresa empleadora y volverán a su salario base de 825,51 euros y les “tocará volver a pelear” la subida.
Kontre sospecha que Tragsa no quiere asumir la subida para “no sentar precedentes y no tener que hacer lo mismo” con bomberos forestales del resto de España. “Pero si no lo conseguimos antes del día 1 de diciembre, estaremos limitados por la Ley Montoro” en el Gobierno valenciano, teme.
Sobre el papel del Gobierno valenciano, los huelguistas aseguran que la relación con el director General de la AVSRE, José María Ángel Batalla, “es buena” y reconocen sus esfuerzos por solucionar la situación. Por ello, señalan a la administración central como culpable principal de su situación. Criado (CC.OO.) afirma que también hay entendimiento con el ‘president’ Ximo Puig, pero le pide “que interceda, porque es del mismo partido” que el ministro de Hacienda.
100 euros menos por cada día de huelga
A más de uno la huelga le está costando mucho dinero y hasta la salud. Por cada día que no trabajan se les descuentan unos 100 euros de la nómina y algunos han estado hasta ocho días en huelga de hambre. Han llegado a perder hasta 400 euros mensuales. Con todo, Criado subraya que en asamblea decidieron “no parar hasta ganar”.
Si las dos administraciones implicadas no asumen sus reivindicaciones, advierte Kontre, “se espera que aumente el nivel de las protestas”. La última acción sonada fue la concentración frente al Palau de la Generalitat en València el pasado 9 d’Octubre, cuando se estaba celebrando el acto institucional al que acudió el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.
Gritaron consignas como “No más promesas falsas” o “Sánchez paga ya”, tiraron vallas de seguridad y alguna bomba de humo. La próxima acción será el viernes 19 de octubre, cuando se plantarán en la Delegación del Gobierno en València a reivindicar una solución definitiva a su precariedad.
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