Publicado en: 20 Marzo, 2017

Boletín de Luchas Obreras (20 de Marzo de 2017)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

  • LAS HORAS PERDIDAS POR HUELGA SUBEN UN 33,8% HASTA FEBRERO
  • 17M: HUELGA EN TELEMARKETING
  • IBERCAJA ALEGA CAUSAS ECONÓMICAS PARA PRESENTAR EL NUEVO ERE
  • LA AUDIENCIA NACIONAL DECLARA EL ERTE DE SIDENOR AJUSTADO A DERECHO
  • EL INFORME SOBRE EL FUTURO DE SOGEPSA PROPUSO APLICAR UN ERE ANTES DE CERRAR
  • VOLKSWAGEN NAVARRA Y EL COMITÉ ACUERDAN UN CALENDARIO SIN ERTE PARA LANZAR EL NUEVO POLO
  • COSLADA MEDIA ANTE LA EMPRESA DE TRANSPORTE URGENTE DE PAQUETERÍA MRW PARA QUE RECONSIDERE SU PLAN DE DESPIDOS
  • LA JUEZA DE LOS ERE CITA AL OBISPO EMÉRITO A DECLARAR EL 25 DE ABRIL
  • EL ERE DE ALESTIS PARA LA PLANTA SEVILLANA DE SAN PABLO PODRÍA AFECTAR A 70 TRABAJADORES
  • INDRA RECONOCE A LA CNMV QUE HABRÁ DESPIDOS TRAS LA COMPRA DE TECNOCOM
  • 23-M: JORNADA DE MOVILIZACIÓN EN BBVA

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LAS HORAS PERDIDAS POR HUELGA SUBEN UN 33,8% HASTA FEBRERO, SEGÚN LA CEOE

Europa Press

Las horas de trabajo perdidas por huelgas en España en los dos primeros meses de 2017 ascendieron a 785.964, un 33,8% más que en el mismo periodo de 2016, según los datos de conflictividad laboral difundidos por la patronal CEOE.

En concreto, hasta febrero se contabilizaron 141 huelgas, un 10,7% menos que un año antes, secundadas por 16.072 trabajadores, cifra un 33% superior a la del mismo periodo de 2016.

Excluyendo huelgas en servicios de carácter público y de índole extralaboral, hasta febrero se produjeron 89 huelgas (-21,9%), que fueron secundadas por 9.851 trabajadores (+90,7%), ocasionando la pérdida de 467.972 horas de trabajo (+54,4%).

En los dos primeros meses del año se registraron 44 huelgas en empresas o servicios de carácter público (+18,9%), en las que participaron 5.892 trabajadores (-12,4%), con 294.400 horas perdidas (+9,2%). 68

Huelgas en febrero

Sólo en el mes de febrero se registraron 68 huelgas, un 18,1% menos que en igual mes de 2016, con 5.812 trabajadores implicados, cifra un 22,6% inferior a la de febrero de 2016, y 352.024 horas perdidas, un 3,3% más que un año antes.

Por lo que se refiere a la conflictividad estrictamente laboral, en febrero se produjeron 44 huelgas (-25,4%), secundadas por 2.743 trabajadores (+22,7%), que perdieron 209.976 horas de trabajo (+20,9%).

Por provincias, la conflictividad laboral del pasado mes de febrero incidió especialmente en las provincias de:

– Madrid, con 10 huelgas

– Barcelona, con 9

– Sevilla, con 5.

Atendiendo a los trabajadores que participaron en las huelgas también destaca:

– Madrid, con 1.403 huelguistas

– Barcelona, con 749

– Sevilla, con 589

Desde la perspectiva de las horas no trabajadas sobresalen:

– Madrid, con 102.168 horas perdidas

– Barcelona, con 62.808 horas.

Los sectores de actividad económica donde se perdieron más horas por las huelgas de febrero fueron:

– metal

– textil y confección

– transportes y comunicaciones

– alimentación

– actividades sanitarias.

Huelgas por ERE

En cuanto a las causas de la conflictividad laboral, 15 huelgas se convocaron el pasado mes de febrero por la tramitación de expedientes de regulación de empleo, con 978 trabajadores implicados y 85.740 horas perdidas, el 24,3% del total de febrero.

Además, se produjeron 4 huelgas derivadas de la negociación de convenios colectivos, que fueron secundadas por 295 trabajadores, que perdieron 21.248 horas de trabajo, el 6% de las no trabajadas en el segundo mes del año

17M: HUELGA EN TELEMARKETING

Julio Fuentes González – diario16.com

Tras más de dos años de negociación de convenio colectivo, los teleoperadores y las teleoperadoras de todo el país vuelven a colgar los cascos para reclamar unas condiciones laborales más dignas.

Esta jornada de huelga ha sido convocada por CGT en solitario, sindicato presente en la mesa negociadora que se ha mostrado contrario a las posturas de CCOO-UGT, que han preferido rebajar sus pretensiones llegando a plantear, incluso, una revisión salarial que no garantiza el IPC real para los cuatro años de vigencia de convenio planteados (2015-2018), sino sólo el IPC a año vencido sin revisión salarial.

Hay que destacar que durante el tiempo de vigencia del anterior convenio, al no haberse garantizado tampoco el IPC, los trabajadores y trabajadoras de este sector sufrieron una pérdida de poder adquisitivo del 5%. Un dato alarmante si tenemos en cuenta de que se trata de uno de los sectores productivos más precarios en materia salarial.

Los llamamientos a la unidad sindical por parte de los convocantes han sido reiterados. Sin embargo, las posturas de las centrales sindicales que firmaron el anterior convenio (CCOO-UGT) se han ido alejando paulatinamente de aquellas otras que se venían defendiendo durante las jornadas de paros conjuntos y huelgas de los meses de octubre y noviembre.

Dichas jornadas fueron calificadas de “éxito rotundo” por parte de todas las organizaciones sindicales, cifrándose el seguimiento de las convocatorias de más de un 70% en todo el Estado. No ha sido comprendida esta pasividad de los no convocantes, a criterio de CGT, entre los trabajadores y trabajadoras que secundaron las movilizaciones del pasado otoño.

Además de la cuestión salarial, se reclama un aumento del número de contratos indefinidos, ya que la norma en el sector es el contrato de obra y servicio; es decir, contratos temporales de duración indeterminada. Sin embargo, esta cuestión se ha agravado durante los últimos años con una proliferación de contratos eventuales de duración no superior a cuatro meses y a un abuso de contratación mediante ETT´s.

Por otra parte, se reclama un aumento del porcentaje de jornadas completas, ya que existe un abuso de contratos a tiempo parcial, situándose el salario medio del sector en torno a los 650€ al mes.

También se reclama que en caso de cambio de contrata se produzca una subrogación para el mantenimiento del empleo, cuestión que actualmente no garantiza el convenio en vigor ni las propuestas que hay sobre la mesa por parte de la patronal y los sindicatos CCOO-UGT.

El sector de telemarketing tiene a más de 100.000 trabajadores en todo el Estado, y bajo su convenio se establecen las condiciones laborales de las subcontratas de empresas de telecomunicaciones, aseguradoras, banca telefónica, energéticas o administraciones públicas. Es decir, servicios que demanda la ciudadanía a diario tanto para la empresa pública como para la empresa privada vienen condicionados por las condiciones laborales de estas subcontratas.

¿Cómo le ha ido el negocio a estas empresas durante los últimos años?

Si echamos un vistazo al estudio del sector de telemarketing que realiza la consultora DBK cada año, los últimos datos nos dicen que la facturación continúa incrementándose de forma sostenida.

El último dato registrado arroja un incremento del 7,4%. Es decir, se trata de un sector que proporciona beneficios y que continúa en clara expansión, dato que se compadece con los procesos de externalización de grandes empresas y la sustitución de empleos con mejores condiciones laborales por otros empleos de carácter precario.

Durante la jornada de huelga, los trabajadores y las trabajadoras del sector de telemarketing tendrán nuevamente la posibilidad de tomar la palabra y expresar cuáles son las condiciones laborales que quieren para el futuro.

Si usted desea apoyar su lucha como usuario de esos servicios puede acudir a cualquiera de las concentraciones que tendrán lugar en las ciudades más importantes del Estado o bien puede dar su apoyo en redes utilizando el hashtag #ColgamosLosCascos17M

IBERCAJA ALEGA CAUSAS ECONÓMICAS PARA PRESENTAR EL NUEVO ERE

Eva Sereno – eleconomista.es

La entidad financiera justifica la presentación del cuarto expediente de regulación de empleo por causas económicas, productivas y organizativas. De momento, no han trascendido las condiciones del expediente ni el número de empleados afectados.

La primera reunión entre Ibercaja y los representantes sindicales no ha servido para despejar los interrogantes sobre las condiciones y las afecciones de este cuarto expediente de regulación de empleo, cuyo planteamiento indicó la entidad financiera a los representantes de los trabajadores.

Sin embargo, esta primera toma de contacto dentro de los 15 días previos al inicio oficial del proceso de negociación, sí ha permitido esclarecer algunos datos como las causas que justifican que Ibercaja presente este nuevo ERE con el que la entidad pretende ganar en eficiencia.

Ibercaja alega causas productivas, organizativas y económicas, a pesar de que el año 2016 lo cerró con un beneficio de 143 millones de euros. A pesar de este dato, los motivos que subyacen en estas causas económicas -como sucede en general en las entidades financieras-, es que los beneficios proceden principalmente de los créditos fiscales y de operaciones extraordinarias en lugar de por el margen ordinario dentro de un escenario de tipos de interés a cero e, incluso, negativos.

De momento, Ibercaja no ha indicado las afecciones que conllevará la presentación de este cuarto expediente ni ha confirmado las primeras estimaciones que apuntan a que podría afectar a alrededor del 10% de la plantilla, que se cifra en alrededor de 5.500 trabajadores.

No obstante, sí parece confirmarse que la entidad sí cerrará sucursales -tiene 1.250 oficinas en España-, al reducirse la plantilla y la imposibilidad de poder atender el volumen de trabajo con menos personal.

En la reunión tampoco se ha desvelado cómo se realizará la salida de los trabajadores y si, como en expedientes anteriores, se recurrirá a bajas voluntarias o prejubilaciones, entre otras posibilidades, y si se van a incluir despidos colectivos y la movilidad geográfica.

“La entidad no ha anticipado los datos de ERE”, algo que esperaban los sindicatos y, sobre todo, desde CCOO para poder empezar a trabajar y encarar la negociación, según han apuntado fuentes de CCOO Aragón a elEconomista.es

El sindicato ha valorado de forma positiva que la reunión se haya “desarrollado por los cauces correctos”, aunque sí han lamentado que no se les haya aportado la información, remitiendo la entidad a la próxima reunión que mantendrán ambas partes.

De momento, el encuentro sí ha permitido avanzar en la constitución de la mesa de negociación que estará formada por 13 personas entre miembros de la dirección de Ibercaja y de los sindicatos, aparte de contar con la presencia de Sagardoy como asesores de la entidad, que pasarán a tener un papel más activo en la negociación de este ERE que en otros al formar parte en esta ocasión también de la mesa.

Ibercaja ya presentó tres expedientes de regulación de empleo anteriores desde la integración de Caja 3. Estos ERE se presentaron en el año 2013 con la salida de 243 empleados; en 2014 con un total de 287 y, en 2015, con 300. En total, han dejado la entidad 830 empleados.

LA AUDIENCIA NACIONAL DECLARA EL ERTE DE SIDENOR AJUSTADO A DERECHO

eldiario.es – Cantabria

La empresa ha indicado que la sentencia, dictada por tres magistrados, concluye de forma unánime que concurren “causas económicas, organizativas y productivas”

La Audiencia Nacional ha declarado que el Acuerdo del ERTE alcanzado el pasado 8 de diciembre de 2016 entre Sidenor y los sindicatos UGT, CCOO y USO resulta “ajustado a derecho” en todos sus términos, según ha informado la compañía.

La empresa ha indicado que la sentencia, dictada por tres magistrados, concluye de forma unánime con la desestimación de “todas y cada una” de las pretensiones articuladas en las tres demandas interpuestas por los sindicatos LAB, ELA y ESK.

En concreto, se declara el ERTE ajustado a derecho al concurrir la existencia de “causas económicas, organizativas y productivas”. Asimismo, según ha apuntado, se considera que la negociación del PAL, el Plan de Adaptación Laboral, que se llevó a cabo paralela al ERTE, “no implica ni fraude de ley, ni abuso de derecho, ni vulnera el derecho a la negociación colectiva”.

Sidenor ha precisado que la asunción de este Plan supone “determinadas mejoras” en las prestaciones por desempleo generadas por el ERTE (75%-90% complemento).

Sidenor, que ha señalado que la sentencia precisa que tampoco se aprecian “defectos formales durante la negociación”, ha asegurado que la resolución concluye que está “justificado el acuerdo impugnado, absolviendo a los demandados de las pretensiones contenidas en las demandas”.

El grupo ha asegurado que se ha visto en la obligación de negociar y acordar el ERTE para todos sus empleados como consecuencia de la situación económica y, en especial, del “exceso de capacidad productiva” que acontecerá en los distintos centros de trabajo, al menos, durante los años 2017 y 2018.

El ERTE es una de las medidas enmarcadas en el Plan de Adaptación Laboral (PAL) que la empresa propuso a los sindicatos durante los meses de diciembre y enero pasados con el objetivo de disponer de “mecanismos de flexibilidad que permitan tomar decisiones de forma ágil, organizada y acorde a las necesidades productivas, sin recurrir a decisiones traumáticas”.

Estas medidas, junto con las nuevas inversiones anunciadas, permitirán, según ha apuntado, “recuperar la senda de la competitividad que garantice el futuro de la compañía y por tanto de los puestos de trabajo”.

EL INFORME SOBRE EL FUTURO DE SOGEPSA PROPUSO APLICAR UN ERE ANTES DE CERRAR

  1. Muñiz – elcomercio.es/

El parlamento frena la conversión en pública de la sociedad hasta recibir el estudio. Hacienda avala 409 millones a las empresas del Principado

El despacho Gdp Legal emitió en febrero de 2016 un informe sobre las finanzas y posible cierre de Sogepsa, a petición de la propia compañía que preside la consejera del Principado, Belén Fernández.

El estudio concluyó que la «viabilidad futura de la sociedad sería muy dudosa, salvo que el mercado inmobiliario experimente una mejora sustancial, o salvo que la sociedad reciba una aportación de fondos».

En estos momentos, el Principado intenta que la oposición apruebe una reforma legal que convierta en pública a Sogepsa. Entre las fórmulas posibles, Gdp analizó la cesión de activos y pasivos a Vipasa o el Idepa, ambas empresas del propio Principado.

Con todo, la integración de la plantilla en una sociedad pública plantea complicaciones: «Deberán ser tenidos en cuenta, además de las limitaciones de las leyes presupuestarias y de las propias previsiones de estas, los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen imperativamente en el acceso al empleo público».

Los juristas también calibraron la conveniencia de aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). «Sería necesario recurrir a esta fórmula de extinción en el supuesto de disolución y liquidación, tanto societaria como concursal», plantean. «En este último caso es posible e incluso deseable, llevar a cabo el ERE antes de la solicitud de concurso o durante su tramitación», matizan.

El pasado mes, la compañía aplicó a sus empleados un expediente de regulación de jornada del 30% hasta final de año y otro de regulación de salarios, que no toca las nóminas más bajas y mengua hasta un 27,76% las más cuantiosas.

Según reconoció la propia consejera en la Junta, de no resolver el futuro jurídico ni recibir una inyección adicional, «es muy probable que el 31 de diciembre de 2017, ante la posibilidad de no tener tesorería para hacer frente a las deudas» con los constructores del polígono de Bobes, Sogepsa entre en insolvencia y concurso de acreedores.

La publicación por parte de El Comercio del informe de Gdp ha disparado los recelos de la oposición. Estaba previsto concluir el plazo para hacer enmiendas a la reforma legislativa, pero Ciudadanos forzó aplazarlo al día 29, para dar la oportunidad al Principado de facilitarle una copia. Foro quiere postergarlo hasta que el Gobierno presente además una auditoría de Sogepsa.

De los 109 millones que la empresa adeuda a los bancos, el Principado figura como avalista de 87,7. Así lo cifró la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, quien elevó a 409 millones las operaciones financieras de su sector público que cuentan con el aval de la Administración regional.

VOLKSWAGEN NAVARRA Y EL COMITÉ ACUERDAN UN CALENDARIO SIN ERTE PARA LANZAR EL NUEVO POLO

Sagrario Zabaleta Echarte – noticiasdenavarra.com

Unos 2.170 empleados dejan de cubrir 10 días de su jornada anual

La empresa asume el 50% del coste y el resto, la plantilla

La dirección de Volkswagen Navarra y la mayoría del comité, UGT, CCOO, Confederación de Cuadros (CC) y ELA, firmaron el preacuerdo de calendario para el lanzamiento del nuevo Polo a partir de finales de junio; no así LAB y CGT.

El pacto contempla la renuncia de aplicar un expediente de regulación de empleo de suspensión temporal (ERTE) para resolver los diez días de jornada que unos 2.170 trabajadores de mano de obra directa no van a cubrir de su jornada anual por cuestiones técnicas.

La dirección presentó los nuevos calendarios por grupos, que pasaron de 69 a 63, y disminuyó el número máximo de días sin cubrir por los empleados, de 24 a diez. En una propuesta inicial la dirección había planteado una horquilla entre los 24 y siete días, que afectaba de manera desigual a los trabajadores de producción; pero presentó diez días para los empleados de mano de obra directa. Esta medida afectaría a unos 2.170 operarios y otros 812 de taller cubrirían la jornada completa de 211 días, explicaron fuentes sindicales.

El preacuerdo establece que el 50% del coste de estos días será asumido por la empresa y el porcentaje restante por los empleados.

La fórmula de cómo se van a devolver esos días a la empresa se negociará previsiblemente entre la dirección y el comité.

El documento establece que el día 24 será tope para que VW entregue los calendarios individuales definitivos a la plantilla, que serán inamovibles salvo por causas de fuerza mayor. En ese caso, las partes se reunirán para acordar las medidas necesarias. Además, los trabajadores que cubran las 211 jornadas generarán dos días a su favor.

No se usa la bolsa negativa

UGT, CCOO y CC valoraron que no se haya recurrido a la bolsa negativa estipulada en el convenio para resolver los diez días, porque en ese caso todo el coste hubiera repercutido en la plantilla. Estos tres sindicatos consideraron justo que la empresa asuma la mitad del coste (el 50% de las jornadas) y la otra parte, la plantilla, pero previa negociación con la parte social para pactar cómo se hará esa devolución.

Desde ELA indicaron que “a nadie le gusta firmar un preacuerdo que suponga generar una deuda en los trabajadores”, pero destacaron que el documento “incluye el 90% de las peticiones” que reclamaron, como la de “establecer como diez el número máximo de días que dejarían de ir a trabajar este año los empleados afectados y no de hasta 24”.

El presidente del comité, Alfredo Morales, dijo que el preacuerdo recoge los tres parámetros de UGT: “El esfuerzo compartido para que la plantilla se vea reconocida y partícipe de este lanzamiento; paliar situaciones drásticas o no acordadas; y realizar el máximo esfuerzo por ambas partes para que el lanzamiento sea un éxito”.

Eugenio Duque (CCOO) calificó el preacuerdo de “equilibrado” y señaló que se sitúa “en la misma línea de los anteriores para cumplir con un lanzamiento positivo para la empresa y para el empleo”. Además remarcó que “puede darse la circunstancia de que la balanza del acuerdo final se incline más hacia los trabajadores”.

Iñaki Coscolín, de CC, definió como “muy positivo” el pacto para asegurar el éxito del lanzamiento y para que “el personal sufra lo menos posible”. Así defendió que la devolución se realice “con trabajo”. Igor Peñalver (ELA) recalcó que insistirán en “acotar la flexibilidad a la plantilla”.

Raúl Portillo (LAB) rechazó al preacuerdo porque su sindicato no quiere “firmar una hoja en blanco”. Aunque dejó abierta la posibilidad de rubricar el acuerdo siempre y cuando “se aporten todos los datos de manera previa”.

Patxi Sanz, de CGT, manifestó que “el coste de estos días debe asumirlos la empresa ya que el porcentaje de gasto de estas jornadas es mínimo comparado con el beneficio de VW”.

En un principio, el comité planteó a la dirección iniciar el lunes 20 las negociaciones sobre cómo devolver la mitad de los días que van a arrastrar los trabajadores afectados.

Preacuerdo

Día 24, fecha tope. Dirección y comité acordaron los grupos de calendario para cada taller, a los que se les asignarán los trabajadores correspondientes. El 24 de marzo será fecha tope para que los empleados dispongan de su calendario individual, informó UGT.

Coste compartido. Los días de diferencia entre los asignados a cada grupo y los 211 de la jornada individual de referencia se compartirán al 50% entre la empresa y los trabajadores. La dirección pondrá a disposición de los trabajadores las fórmulas necesarias para la devolución de dichas jornadas.

Dos días generados. Los empleados con jornada de 211 días generarán dos días a su favor, que serán compensados de acuerdo con sus jefaturas.

Calendarios definitivos. Los calendarios derivados de este acuerdo tendrán carácter definitivo salvo causas de fuerza mayor, en cuyo caso las partes se reunirán para acordar, contaba UGT.

Turnos. El inicio de los turnos seguirá la rotación actual.

La Cifra: 3,7% DE LAS JORNADAS. Según CGT, las jornadas que se van a perder suponen un 3,7% del total.

COSLADA MEDIA ANTE LA EMPRESA DE TRANSPORTE URGENTE DE PAQUETERÍA MRW PARA QUE RECONSIDERE SU PLAN DE DESPIDOS

Coslada (EFE)

El Ayuntamiento de Coslada, gobernado en minoría por el PSOE, ha instado a la empresa de transporte urgente de paquetería MRW a retirar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado para su centro de producción en el Corredor del Henares.

El documento, que ha obtenido en el pleno el apoyo de todos los grupos políticos municipales, pretende apoyar a los cuarenta trabajadores de la plantilla de CTC, firma subsidiaria que presta sus servicios para MRW, y afectada por los recortes anunciados.

La principal recomendación de la declaración institucional aprobada y remitida al comité de empresa de la compañía española, es la apuesta por la negociación para superar el conflicto con el objetivo de garantizar los puestos de trabajo en Coslada.

Según indica el Ayuntamiento en una nota, el plazo máximo anunciado por MRW para la ejecución de los despidos es el próximo 30 de junio.

El polígono industrial de Coslada acoge a empresas que, como MRV, están encuadradas en el sector de la logística.

Coslada está considerada un centro neurálgico para el sector del transporte por su localización, próxima a la capital, el recinto ferial Juan Carlos I, la estación clasificadora de Vicálvaro y el aeropuerto de Barajas.

LA JUEZA DE LOS ERE CITA AL OBISPO EMÉRITO A DECLARAR EL 25 DE ABRIL

diariodecadiz.es

Antonio Ceballos, de 81 años, está llamado en calidad de investigado

También Antonio Fernández y Agustín Barberá, entre otros

La jueza que investiga el caso de los ERE, María Núñez Bolaños, ha citado el 25 de abril próximo al obispo emérito de Cádiz, Antonio Ceballos, de 81 años, para que declare como investigado -antes imputado- por una ayuda de 300.000 euros que le concedió la Junta de Andalucía en 2009 al geriátrico del Obispado gaditano.

Además de Ceballos, la juez cita como investigados, en esta nueva pieza de los ERE, al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al exviceconsejero Agustín Barberá, al ex Director General de Trabajo Juan Márquez y al ex jefe de servicio de Trabajo Antonio Diz-Lois.

La citación de la jueza, según un auto al que ha tenido acceso Efe, se produce después de que la Guardia Civil le pidiera incluir en el caso de los ERE como investigado al obispo emérito de Cádiz y Ceuta.

La Guardia Civil dijo en un atestado entregado al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que instruye el caso, que “puede existir responsabilidad penal por tráfico de influencias” del obispo emérito de Cádiz.

La jueza, sin embargo, no precisa el delito que le imputa al obispo y al resto de ex altos cargos, y solo indica que “los hechos investigados podrían presentar características que hacen presumir la existencia de una infracción penal”.

Ceballos, obispo entre diciembre de 1993 y agosto de 2011, tuvo una “intervención directa” con la Consejería de Empleo para la consecución de la ayuda económica, que se hizo “prescindiendo del procedimiento” establecido, según la Guardia Civil.

Tras la concesión de la ayuda sociolaboral a favor de los trabajadores del geriátrico, la Junta de Andalucía inició una revisión de oficio en abril de 2012, cuando ya estaba en marcha la investigación judicial por el caso ERE.

El 23 de julio de 2012, la Junta dictaminó que se debía devolver la ayuda concedida al Obispado, que era nula, recuerda la jueza.

Sin embargo, el 10 de diciembre del mismo año, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo emitió una nueva propuesta proponiendo el archivo del expediente, “ya que la declaración de nulidad y exigencia de devolución de la ayuda iría en contra de la buena fe de los trabajadores y/o beneficiarios”, indica la instructora.

Tras esa decisión, el Consejo Consultivo de Andalucía aprobó por unanimidad, el 30 de enero de 2013, archivar el expediente, y el 25 de febrero del mismo año, el exconsejero Antonio Avila decretó el archivo de las actuaciones, recuerda la juez.

La Guardia Civil, en su atestado, consideró que con esta actuación se está “dando la impresión” de que los responsables de la Junta de Andalucía buscaran “la redención a través de la intercesión del Obispado”.

Esa ayuda se concedió “vulnerándose la igualdad, imparcialidad, objetividad y transparencia”, principios que deben regir los actos de la Administración Pública, agrega la Guardia Civil.

El atestado policial afirma que “no se ha acreditado suficientemente” el carácter excepcional de la subvención, y añade que “hay una total inexistencia de justificantes del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió”.

También reprocha que no consta la relación de beneficiarios en el expediente y que el importe del gasto justificado “sobrepasa” la cuantía de la ayuda concedida, que “pasó a formar parte del gasto corriente del Obispado, sirviendo para abonar todo tipo de facturas”.

En el atestado, los agentes indican que el entonces obispo de Cádiz remitió el 6 de octubre de 2008 una carta al consejero de Empleo en la que le pedía “colaboración” y “ayuda” para sufragar la ampliación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectaba a 50 trabajadores desde el 1 de enero de 2007 mientras se ejecutaban las tareas de rehabilitación en el edificio y la residencia de ancianos volvía a la actividad.

Y es que el Obispado de Cádiz “había mantenido una compensación complementaria de las prestaciones económicas a los trabajadores” incluidos en el ERTE. Las obras se retrasaron por el hallazgo de unos restos arqueológicos.

EL ERE DE ALESTIS PARA LA PLANTA SEVILLANA DE SAN PABLO PODRÍA AFECTAR A 70 TRABAJADORES

Eli García Villalón – diariodesevilla.es

El grupo aeroespacial planea recortar casi el 30% de la plantilla y notifica a los sindicatos que lo hará en el segundo semestre del año

Los empleados se concentran en protesta por el ajuste laboral y lo harán de nuevo el día 23

Concentración de trabajadores de Alestis en la factoría de San Pablo (Sevilla) ->

http://images.diariodesevilla.es/2017/03/18/economia/Concentracion-Alestis-San-Pablo-Sevilla_1118598425_66198929_667x375.jpg

Alestis anunció a finales de enero que estaba preparando un ajuste de plantilla para una de sus dos fábricas en Sevilla, la de San Pablo -la otra está en Aerópolis-, a causa de su “significativa pérdida de carga de trabajo” y de la dificultad para captar nuevos paquetes en el mercado por su “baja competitividad en costes”, algo que atribuyó a los altos salarios que perciben muchos de sus profesionales.

La dirección del grupo aeroespacial fue un paso más allá y notificó a los representantes de los trabajadores que su intención es suprimir en torno a 70 empleos, es decir, el 27% de los 262 puestos que hay en la planta hispalense. Y concretó que el periodo de aplicación de este expediente de regulación de empleo (ERE) dará comienzo el próximo 1 de julio y finalizará el 31 de diciembre, según fuentes de UGT.

Con motivo de este anuncio, los empleados de la compañía se concentraron ante las puertas de la factoría en señal de protesta -volverán a hacerlo el 23 de marzo-, ya que consideran que existen muchas alternativas antes que suprimir empleos.

Entre ellas, sugieren su traslado a otras plantas de Alestis con más carga de trabajo, la aplicación de un ERE temporal (ERTE) o el compromiso de aumentar la producción. “Sería paradójico que después de haber formado aquí a muchos de los compañeros que trabajan en las plantas de Alestis en Cádiz o Brasil, nosotros nos fuéramos a la calle”, reflexionan.

El proveedor aeroespacial andaluz de primer nivel (tier one) esgrime “causas técnicas y organizativas para acometer” el ERE planteado, según informó UGT-Sevilla.

Así lo comunicó, de hecho, el propio CEO de Alestis, Francisco Javier Díaz-Gil, en una carta que envió a los empleados el pasado mes de enero.

En ella aseguraba que el motivo principal del ajuste de plantilla era una “pérdida significativa de carga de trabajo” a raíz de la transferencia de paquetes a la compañía HMC (China) -concretamente, paneles de la belly fairing o panza del modelo A350-, la bajada de la producción del superjumbo A380, la pérdida de contratos del Boeing B777, y la bajada de la cadencia del avión militar A400M.

A esto se suma que no se han conseguido nuevos contratos, “pese a la intensa acción comercial”, por tratarse de ofertas “con un excesivo precio”, lo que lastraría la competitividad de San Pablo.

INDRA RECONOCE A LA CNMV QUE HABRÁ DESPIDOS TRAS LA COMPRA DE TECNOCOM

Los peores presagios de los trabajadores de Tecnocom están un poco más cerca de cumplirse. Y es que la nota que Indra ha enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) deja varias perlas que, leyendo entrelíneas, denotan la intención de la tecnológica de deshacerse de buena parte de los trabajadores.

Trabajadores de Indra ya comenzaron a movilizarse por unos despidos que, aunque no se han producido ni se han anunciado todavía, todos creen que llegarán.

La manifestación se produjo el pasado 20 de febrero, precisamente el día que se celebraba la Junta General Extraordinaria de Accionistas en la que aprobaron la ampliación de capital para la compra de Tecnocom.

La compañía indica que todo dependerá de cómo concluya el proceso de integración. No obstante, fuentes internas de la empresa confirman a este digital que el proceso de análisis para realizar el ajuste laboral ya ha comenzado. El comunicado a la CNMV consta de cien páginas que, a pesar de no concretar exactamente el futuro de los trabajadores, sí puede dar algunas pistas de los próximos acontecimientos, según creen los propios empleados.

En el documento, por ejemplo, Indra admite que no existe compromiso por el que deba mantener la plantilla de Tecnocom. “No existe ningún acuerdo ni compromiso de la Sociedad Oferente ni de ninguna otra sociedad del Grupo Indra con los administradores, el equipo directivo, los actuales trabajadores de Tecnocom o sus representantes, respecto a su nombramiento como directivos o consejeros ni sobre su continuidad en la Sociedad Afectada”, reza el comunicado.

Y, aunque no concreta el impacto que tendrá sobre el empleo, advierte que se “realizará una revisión detallada del equipo directivo y personal de Tecnocom, para optimizar los recursos existentes evitando duplicidades y maximizando la eficiencia en los procesos y geografías”.

Indra ya encargó hace algunas semanas a su departamento de Recursos Humanos que comenzara a recabar información para conocer con exactitud las duplicidades que se podrían producir, con el objetivo de diseñar un plan de ajuste laboral. Fuentes próximas a Tecnocom apuntan a que los despidos podrían ascender a 500 empleados.

Las fuentes de Indra consultadas indican que la compañía ya está “haciendo hueco” a los nuevos empleados de Tecnocom en la plantilla.

Por ejemplo, cuando Indra debe cubrir cuatro puestos, desde el departamento de Recursos Humanos se asignan sólo dos a la espera de que se puedan incorporar nuevos trabajadores de Tecnocom. Esta estrategia constata que se pueden producir duplicidades.

Además, hay que recordar que Indra prometió cuando anunció la OPA que los empleados de Tecnocom se beneficiarán de un importante conjunto de oportunidades de crecimiento profesional en la firma gracias a la integración, tanto en España como en mercados internacionales, y en un importante conjunto de sectores de actividad.

Tecnocom es una de las tres primeras compañías del sector de la tecnología de la información en España, con cerca de 400 millones de euros de ingresos y especializada en medios de pago bancarios y sistemas de automatización.

Además, recoge unas recomendaciones prácticamente inmejorables, toda vez que los pocos que la siguen apuestan con fuerza por el valor. Sin embargo, el comportamiento de la empresa con sus trabajadores ha tenido alguna que otra laguna, y se presentan nuevos conflictos.

23-M: JORNADA DE MOVILIZACIÓN EN BBVA

CGT-Fesibac

Debido a los despidos injustificados que se vienen produciendo desde hace tiempo en BBVA, se han convocado distintas concentraciones de protesta en las sedes principales de esta entidad que tendrán lugar el jueves 23 de marzo de 10 a 11 h., en las siguientes sedes:

Desde que tuviéramos acceso al Plan “Líneas Estratégicas Recursos Humanos 2015-2017”, los Sindicatos hemos trasladado a la Dirección nuestro malestar y preocupación. Desde T&C diseñan una empresa de personas aisladas, siempre en fila, inmersos en alguna lista. Para marcar ese aislamiento, la Dirección periódicamente golpea para evidenciar que todo el mundo “no cabe” en este BBVA.

Se construye una idea para justificar las agresiones: “En BBVA sólo caben los mejores”. Sin embargo, ni las listas son objetivas, ni la definición de Productividad se corresponde con el trabajo realizado, y el nuevo valor “fuerte”-el Compromiso- queda totalmente en el terreno de lo discrecional y subjetivo.

Son más de 600 personas las que están o han pasado por el Engagement (Bajo Desempeño). La Contribución “A” está dando lugar a otra lista en paralelo que ya está generando ofertas individuales para mirar hacia la puerta.

Desde los 14 despidos de Junio 2016 (simultáneos y 2 x Territorial, sin expediente previo y con una carta tipo de “Falta de actitud, bajo desempeño”) hasta ahora, se han producido ya otros 8 en la misma dirección. Curiosamente para pretextar objetividad, dan sus datos de PBV, evidenciando que ni siquiera, de largo, eran los últimos del ranking.

Alguno de ellos tiene felicitaciones por escrito por sus ventas días antes del despido, otros recibieron previamente ofertas de traslado con incremento de responsabilidad o nuevos puestos con horarios más amplios. Cuestiones incomprensibles pero reales, cuando en tu carta de despido alguien escribe “Bajo Desempeño”. Hasta la fecha, el Banco ha venido ofreciendo conciliar la agresión como “Despido Improcedente”.

En los Servicios Centrales son ya 28 personas las empujadas, en un clima de abuso empresarial. Con reunión trampa, aislados y sin comunicación para dilucidar en un minuto si aceptan la oferta que les toca para dejar la empresa o dan por recibida la carta de despido que se les muestra.

La totalidad de la representación sindical en BBVA vemos necesaria una rectificación en la política de T&C en BBVA. Hemos de rechazar las listas de personas marcadas. Porque ya existe un Sistema Disciplinario para acometer los hipotéticos desvíos laborales. Porque BBVA-España con su ratio de eficiencia es líder en productividad en la banca europea. Porque golpean a unos cuan-tos para amedrentar a todos.

Los Sindicatos no sólo vamos a responder ante cualquier despido que se produzca, sino que vamos a sostener una movilización continuada para que la Dirección perciba el malestar pro-fundo que su política de amedrentamiento está provocando.

Por esto, el jueves día 23 de Marzo, de 10 a 11 horas de la mañana, en las 7 Cabeceras Territoriales, los Sindicatos hemos convocado concentraciones de delegados y trabajadores. Es muy importante tu participación, acércate un momento, en tu tiempo de descanso. Súmate.

BBVA: No más despidos. No hay razones

BBVA sitúa a toda su plantilla en listas. Valoran algo tan subjetivo como “El Compromiso”. Valoran para aislar por “Bajo Desempeño” a más de 600 personas. Ya van 50 personas despedidas en los últimos meses. Curiosamente, los despedidos no son los últimos de ningún ranking y, llegado el juicio, el Banco plantea la conciliación como Improcedente.

Todo para mantener unas inmorales retribuciones de 2.200 Directivos, faltos de talento para el puesto que desempeñan y que son incapaces de alcanzar las cifras de beneficios que justifiquen sus propios puestos de trabajo. Están preparando el terreno para acelerar el “Banco Digital” y atentar ahora contra el empleo de todos nosotros y nosotras.

La reforma Laboral de 2012 favorece la impunidad empresarial en estas iniciativas. No podemos quedarnos en lograr que se declaren Improcedentes unos despidos injustos que sólo conllevaran una mínima indemnización económica, dejando impune la agresión empresarial. Con este “gota a gota” BBVA persigue mantener amedrentada a toda su plantilla.

Ante esta actitud de los nuevos responsables de Recursos Humanos en BBVA, agrediendo el empleo, por solidaridad y, como medida preventiva, el conjunto de la representación sindical de BBVA nos movilizamos con la plantilla para ir desarrollando las acciones necesarias ante la Sociedad que dejen en evidencia el falso discurso de ética y responsabilidad que maneja el BBVA.

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