Boletín de Luchas Obreras (2 de Agosto de 2015)
ÍNDICE:
- EL TRIBUNAL DE LA UE Y EL DESPIDO COLECTIVO EN ESPAÑA
- CONCENTRACIÓN EN ASTURIAS POR LOS DERECHOS DEL PROFESORADO INTERINO
- MÁS DE 2.000 EMPLEADOS PROTESTAN CONTRA EL ERE DE CATALUNYACAIXA
- EL GRUPO TEXTIL DOGI ULTIMA LA PRESENTACIÓN DE UN ERE PARA DESPEDIR A 35 PERSONAS
- LOS PRIMEROS DESPIDOS POR EL ERE EN EUSKO IRRATIA COSTARÁN MÁS DE 1 MILLÓN DE EUROS A EITB
- 1300 DESPIDOS TRAS LA COMPRA DE ONO POR VODAFONE
- SABOTAJES A HELICÓPTEROS Y COCHES EN LA HUELGA DE LOS BRIGADISTAS ANTIINCENDIOS
- LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES EN INCENDIOS FORESTALES DE CASTILLA Y LEÓN (ATIFCYL) SE DESMARCA DE LA HUELGA DEL SERVICIO DE INCENDIOS FORESTALES
- LA PLANTILLA DE VALEO COMIENZA LA HUELGA CONTRA EL TRASLADO A ZARAGOZA
- BLOQUEADA LA NEGOCIACIÓN PARA EVITAR LA HUELGA DE LIMPIEZA EN IBIZA
- CONVOCADAS 8 JORNADAS DE HUELGA EN LA PLANTA DE BRIDGESTONE DE BASAURI
- LOS EXAMINADORES DE TRÁFICO, LLAMADOS A LA HUELGA DESDE SEPTIEMBRE
- CCOO AMENAZA CON HUELGA EN CORREOS TRAS EL VERANO POR UN CONVENIO ‘JUSTO’
- LOS CONDUCTORES DE TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE (TITSA) COBRARÁN LAS EXTRAS DE DICIEMBRE Y SEPTIEMBRE
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EL TRIBUNAL DE LA UE Y EL DESPIDO COLECTIVO EN ESPAÑA
Mario Barros – Cinco Días (Mario Barros es abogado de Uría Menéndez)
En el Derecho español, el concepto de despido colectivo se vertebra en torno a dos elementos:
– la extinción de contratos de trabajo por causas empresariales (económicas, técnicas, organizativas o productivas)
– la afectación de un determinado número de trabajadores dentro de un periodo de 90 días.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13-5-2015 concluye que las reglas españolas relacionadas con el número de trabajadores afectados no son totalmente conformes con la normativa europea, lo que añade un nuevo ámbito de incertidumbre a una materia tan insegura como últimamente es el despido colectivo.
El problema deriva de la disparidad de criterios para fijar los umbrales numéricos de trabajadores afectados que siguen la normativa comunitaria y la española, estos es, la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20-7-1998, referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, y el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, respectivamente.
En efecto, la citada directiva toma dos marcos temporales de referencia (30 y 90 días) para la determinación de la existencia de un despido colectivo.
- A) Dentro de un periodo de 30 días, el número de trabajadores afectados que da lugar a la obligación de iniciar un despido colectivo se sitúa en:
– 10 en los centros de trabajo que empleen habitualmente a más de 20 y menos de 100 trabajadores
– en el 10% de la plantilla en centros en los que estén empleados habitualmente entre 100 y 300 trabajadores
– 30 trabajadores en los centros de trabajo que empleen habitualmente al menos a 300 trabajadores
- B) Dentro del marco de referencia de 90 días, la directiva considera despido colectivo el que afecta al menos a 20 trabajadores, sea cual fuere el número de los empleados habitualmente en los centros de trabajo afectados.
Por su parte, el Estatuto de los Trabajadores prescinde de la referencia temporal de 30 días y define como despido colectivo al que, dentro de un periodo de 90 días, afecte, como mínimo, a:
– 10 trabajadores en empresas que den empleo a menos de 100
– el 10% de la plantilla en empresas que ocupen a entre 100 y 300 trabajadores
– 30 trabajadores en empresas que empleen a más de 300.
Al margen de otros matices de indudable relevancia, ciñéndonos a lo que aquí interesa, la principal diferencia entre la norma comunitaria y la de Derecho interno radica en el ámbito de referencia espacial o, dicho con más propiedad, organizativo al que se circunscribe el cómputo de las extinciones contractuales. Mientras que en la directiva se pone el foco en el centro de trabajo, la legislación española se refiere a la empresa.
Generalmente, el cómputo por empresa en lugar de por centro de trabajo resulta más restrictivo, ya que evita los efectos de la dispersión de las extinciones entre varios centros de trabajo. Ello hace que la norma española se considere más favorable para los trabajadores y, por ello, no incurra en contravención de la directiva.
Sin embargo, puede suceder que el análisis por centros de trabajo en los términos establecidos en la directiva otorgue a las extinciones el carácter de despido colectivo que no tendrían bajo la normativa interna. Por ilustrarlo con un ejemplo sencillo, tal sería el caso de una empresa con 350 trabajadores distribuidos en varios centros de trabajo que despide a 15 empleados que trabajan en un centro que cuenta con 75 personas.
Con arreglo a la legislación española, en este supuesto no sería necesario iniciar un despido colectivo, ya que, tratándose de una empresa de más de 300 trabajadores, el límite está fijado en 29. La conclusión es, sin embargo, la contraria si se aplican los cánones de la directiva, ya que se trataría de un despido que afecta a más de 10 trabajadores en un centro de trabajo que emplea habitualmente a más de 20 y a menos de 100. En esta situación, la discrepancia entre la directiva y el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores se hace evidente.
Por todo ello, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye que la sustitución del término centro de trabajo por el de empresa infringe la directiva en el caso de que, como en el ejemplo anterior, permita eludir los procedimientos de información y consulta con los representantes de los trabajadores que se establecen en la propia directiva.
Lo anterior no ha pasado desapercibido a nuestros tribunales. De forma muy reciente (concretamente, el 21 de mayo), el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado la nulidad de unos despidos por no haberse seguido el procedimiento de despido colectivo, aplicando la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Rabal Cañas.
De todo lo anterior, a la vista del riesgo de nulidad de los despidos, se puede extraer la conclusión de que, en tanto el legislador resuelva positivamente esta cuestión, resulta altamente aconsejable someter cualquier despido plural al doble test de umbrales de la directiva y del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, pues, como se ha expuesto, la superación de los límites previstos en una u otra norma puede conducir a la nulidad de los despidos.
CONCENTRACIÓN EN ASTURIAS POR LOS DERECHOS DEL PROFESORADO INTERINO
Por la prórroga de contrato en secundaria. Por la oferta de todas las vacantes en primera convocatoria.
Lunes 24 de agosto. 12:00 h. Consejería de Educación. Uviéu. Asturies.
La Consejería de Educación sigue con sus planes de precarización del sistema educativo asturiano.
Otro año más, la Consejería de Educación experimenta con el profesorado interino planes para optimizar sus recursos. A pesar de las palabras grandilocuentes en sus discursos electorales, el Gobierno de Javier Fernández sigue metiendo tijera en el sistema educativo asturiano. Como siempre, el colectivo interino es el objeto de estos recortes.
El cambio del sistema de contrato para el profesorado eventual en el curso 2014-2015 reducía en 12 días la contratación de los y las docentes asturianas, privándoles del derecho a finalizar el curso escolar, que acaba una vez concluida la evaluación extraordinaria de septiembre. Esta medida suponía desde el principio un caos y un desbarajuste en este proceso de evaluación al obligar al profesorado con plaza a asumir la carga de trabajo del profesorado interino cesado.
Además conllevaba una merma en el derecho a evaluación del alumnado y sus familias, dado que no podrá ser evaluado por el mismo profesorado que les impartió la materia durante el curso. Este experimento ofrecía situaciones muy variopintas, como las sufridas por departamentos donde el único docente con plaza tendría que evaluar a todo el alumnado del centro o por departamentos constituidos únicamente por profesorado interino.
Ante las quejas planteadas por los colectivos de enseñanza y las quejas de varios claustros, la Consejería de Educación lanza su calendario de inicio de curso, donde pretende aclarar la situación y enmendar el entuerto. En estas instrucciones del 15 de julio, el periodo de petición y adjudicación de plaza se reducen, siendo los periodos de petición más cortos, 3 días, y datando la adjudicación para el día 31 y la incorporación al centro para el día 1 de septiembre.
Como sabemos de otros años, el sistema de petición está sujeto a cuantiosos errores.
No es la primera vez que se producen irregularidades provocadas por las deficiencias del servicio informático. Para maestros y maestras que no tienen periodo extraordinario de evaluación, supone la incorporación en su destino sin antelación, sometiendo otra vez a este colectivo a una incorporación relámpago a su lugar de trabajo.
En el caso del colectivo de secundaria, la pirueta es triple mortal, pues la Consejería obliga al profesorado interino con plaza adjudicada a incorporarse a sus antiguos centros de trabajo para llevar a cabo la evaluación extraordinaria.
Esto provoca una irregularidad laboral, dado que ambos colectivos de docentes trabajarán sin contrato varios días, y en el caso del profesorado de secundaria irán a trabajar a un centro en el que ni siquiera estarán contratados.
En el caso del profesorado que no obtenga plaza en la primera convocatoria, no podrán completar el proceso de evaluación de su alumnado y el departamento o la dirección del centro asumirá la evaluación de los y las discentes.
Parece que la Consejería sigue gustando de los experimentos. Desde hace varios años lleva desatando una reforma interna del sector educativo, recortando los derechos de los y las trabajadoras de la enseñanza, cebándose con el profesorado interino que ha sufrido la mayoría de los recortes y recortando derechos a las familias.
Desde la Sección de Educación de la Corriente Sindical d’Izquierda (CSI), expresamos nuestro rechazo a estas medidas y exigimos la elaboración de un nuevo calendario de inicio de curso con un proceso de adjudicación de plazas transparente, en el que las plazas ofertadas cubran todas las necesidades de los centros desde un principio así como en un tiempo razonable para la organización de los centros y su personal docente.
Exigimos la prórroga de los contratos del profesorado de secundaria, garantizando así el proceso de evaluación y los derechos inherentes al mismo, como se ha venido realizando hasta ahora.
Por ello, os animamos a acudir el lunes 24 de agosto a las 12:00h delante de la Consejería de Educación, para exigir nuestros derechos.
¡NO SOMOS PROFESORADO DE USAR Y TIRAR!
MÁS DE 2.000 EMPLEADOS PROTESTAN CONTRA EL ERE DE CATALUNYACAIXA
Barcelona
La plantilla sigue una huelga de 24 horas para protestar contra los 1.607 despidos
Trabajadores de CatalunyaCaixa protestan por el ERE
Más de 2.000 trabajadores de CatalunyaCaixa se han vestido de duelo para protestar contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que quiere aplicar el nuevo propietario de la entidad, el BBVA; que afectará a 1.607 personas.
Con prendas y paraguas negros, empleados de toda la comunidad se han concentrado en la oficina del BBVA ubicada en el número 84 del Paseo de Gracia a las 11.30. Desde ahí han recorrido la calle hasta la plaza Catalunya.
La plantilla juega su última carta con una huelga de 24 horas. Las negociaciones, que han conseguido reducir de 2.000 a 1.607 los afectados, acabarán y la empresa ya ha dado a entender que no hará más concesiones, según han explicado los sindicatos. «Pero tras esta movilización tendrá que cambiar de posición o se creará un conflicto social en la compañía», ha asegurado la secretaria general del Sindicat d’Estalvis de Catalunya (SEC), Raquel Puig.
Los empleados se sienten engañados porque, según afirman, en un principio se les informó de que las bajas se repartirían entre el personal de CatalunyaCaixa y de BBVA.
Al final, solo los primeros resultarán afectados. «No pedimos que se despida a gente del BBVA, pero sí que incluyan las centenares de prejubilaciones que la entidad hace cada año en la contabilidad de estas bajas», ha asegurado Puig, que representa al sindicato mayoritario en CatalunyaCaixa.
De las 1.607 bajas, alrededor de 640 serán prejubilaciones. Es el caso de Juan, un gestor comercial que a sus 54 años se ve a las puertas de una etapa de su vida en la que no pensó que entraría hasta dentro de seis años. «Es muy triste todo lo que ha pasado en estos últimos años», lamenta en referencia a los otros dos ERE que la plantilla ha sufrido desde 2010 y que la ha dejado reducida de 9.100 a 4.700 empleados.
«El grupo BBVA es lo suficientemente potente como para absorber a los trabajadores. Además, no hay que olvidar que estamos hablando de una empresa saneada con dinero público que le va a dar el 13% de la cuota de mercado en la comunidad y con la que se ha quedado por cuatro duros», ha denunciado Puig.
BBVA planteó el ERE el pasado 10 de junio, el cual supondría el despido de 2.000 empleados —un 46% de la plantilla— y el cierre de 400 oficinas.
El comité de empresa de CatalunyaCaixa convocó el pasado 14 de julio la jornada de huelga después de un intento de conciliación fallido con la empresa y otra concentración de unos 1.200 empleados el pasado 7 de julio en la misma oficina de Barcelona. El expediente se ejecutará de manera paulatina durante los próximos tres años.
EL GRUPO TEXTIL DOGI ULTIMA LA PRESENTACIÓN DE UN ERE PARA DESPEDIR A 35 PERSONAS
El grupo textil Dogi reestructura su plantilla. La compañía, propiedad del fondo inversor Sherpa Capital, presentará durante los próximos días un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 35 personas.
Esta medida, según Expansión, se llevará a cabo siguiendo el plan estratégico que elaboró Sherpa Capital, que tiene como objetivo mejorar la competitividad de la compañía e incrementar en 1,9 millones de euros su resultado bruto de explotación ebitda.
En paralelo, el grupo completó la suscripción de la ampliación de capital lanzada el mes pasado por 4,96 millones de euros. Con esta ampliación (la primera desde el fin del proceso de recapitalización por parte de Sherpa), Dogi quiere fortalecer sus recursos propios.
La empresa se ha marcado el objetivo de alcanzar unas ventas de 200 millones de euros en 2020 a partir de una estrategia basada en adquisiciones de empresas en el ámbito del tejido elástico.
La textil catalana cerró 2014 con un resultado neto de 10,4 millones de euros, frente a las pérdidas de 9,1 millones de euros de 2013.
Las ventas de la compañía se situaron en 36,93 millones de euros a cierre de 2014, en comparación con los 40,46 millones de euros de un año antes.
LOS PRIMEROS DESPIDOS POR EL ERE EN EUSKO IRRATIA COSTARÁN MÁS DE 1 MILLÓN DE EUROS A EITB
Lo ya abonado en indemnizaciones hasta el 8 de junio en esta primera fase se eleva a 771,813 euros, mientras que para agosto se despedirá al resto de afectados y supondrá un desembolso de 399.214 euros.
Hasta el 9 de julio había despedido a 29 personas en un proceso cuya primera fase terminará en agosto.
La dirección de EITB no ha realizado ninguna provisión de fondos ante la perspectiva de posibles reveses judiciales en el marco del primer ERE en Euskadi en una empresa pública en el que se aplica la reforma laboral del PP.
Los trabajadores de Radio Euskadi llevaron la protesta el viernes pasado a las puertas del Parlamento.
Los despidos en Eusko Irratia en el proceso que se sigue del primer ERE en una empresa pública vasca en la que se aplica la reforma laboral del PP ya tienen precio. En esta primera fase, que supondrá el despido de 24 personas, las indemnizaciones de las personas afectadas se elevarán en total a 1.171.027,91 euros, según se recoge en una respuesta de la directora general de EITB, Maite Iturbe al parlamentario socialista y miembro del Consejo de Administración de EITB, Mikel Unzalu.
Las indemnizaciones, calculadas en función de los años de trabajo en la empresa de la persona despedida, se mueven en una horquilla que va entre los 13.800 euros y los casi 45.700 euros.
La respuesta, a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, precisa que del total de 30 plazas previstas a amortizar, 24 se realizan por la vía del despido, mientras que la «amortización de las seis plazas restantes no generan actualmente extinción de relación laboral alguna».
Dos trabajadores han solicitado la adscripción voluntaria al proceso. Además, se recuerda que las plazas fijas a cubrir por la vía de la Convocatoria Pública de Empleo son en total 49.
¿Y cuánto ha salido de momento a las arcas públicas este ERE? Durante el proceso, los socialistas han intentado fijar el coste de este ERE para el erario público, pero la empresa siempre ha señalado que mientras no se supiera quiénes eran las personas afectadas por el despido, no se podía calcular el montante total de las indemnizaciones.
Algo que ahora sí es posible porque la lista de los afectados ya se conoce. A fecha nueve de julio, EITB había pagado en indemnizaciones un total de 771.813,91 euros para pagar la extinción de 29 contratos laborales de trabajadores indefinidos no fijos realizados entre mayo y junio.
Y estima que gastará en los próximos meses otros 399.214 euros para pagar las extinciones de contratos que se han producido en julio y las que tendrán lugar en agosto.
El algunos casos, los que se produjeron al principio, los despidos han salido más caros porque la dirección de la radio pública no avisó a los afectados con la antelación que obliga la ley de que iban a ser despedidos de manera inmediata.
Sin «provisionar fondo alguno»
La OPE afectó a 79 trabajadores a los que la dirección quería regularizar su situación de «indefinidos no fijos» y con ella se han amortizado directamente 30 plazas. En su respuesta, la dirección del ente público considera que el ERE es «conforme a derecho por lo que no resulta procedente provisionar fondo alguno».
EITB tampoco ha realizado ninguna provisión de fondos ante la perspectiva de posibles reveses judiciales en el marco del primer ERE en Euskadi en una empresa pública en el que se aplica la reforma laboral del PP. Maite Iturbe, al ser preguntada en varios Consejos de Administración de EITB por los procesos judiciales, siempre ha señalado su convicción de que no habría revés en ningún caso.
En la reunión celebrada por el Consejo de Administración, Iturbe volvió a señalar que no había ninguna partida prevista para el caso de posibles reveses judiciales que, en todo caso, la dirección no contempla.
Por el momento, en el terreno judicial la directora de EITB ha cosechado un gran éxito al ganar la batalla planteada en los tribunales por el sindicato ESK contra las bases de la Convocatoria Pública de Empleo que luego se trasformaría en un ERE en toda regla. Los tribunales dieron en mayo pasado dado un espaldarazo al proceso de regularización que se sigue en las emisoras públicas del ente al rechazar la pretensión de los afectados por el ERE de echar por tierra las bases de la Convocatoria Pública de Empleo sobre la que descansa todo el proceso de regularización.
La otra demanda a la que aún se pueden agarrar los afectados es el recurso de la Abogacía del Estado, presentado en primera instancia en la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los jueces de lo Contencioso les indicaron a los letrados del Gobierno central que debían residenciar la demanda en la Sala de lo Social. Sería el último recurso que tendrían los afectados por el ERE para paralizar los despidos, según fuentes conocedoras del caso. Y luego quedan los recursos individuales.
En todo 2014, EITB ya tuvo que desembolsar un total de 210.767,67 euros por los seis litigios que perdió el ente público en relación a determinados trabajadores fijos o temporales, según una información oficial remitida por la consejera de Educación, Cristina Uriarte, el pasado mes de abril al propio Unzalu.
1300 DESPIDOS TRAS LA COMPRA DE ONO POR VODAFONE
Vodafone España ha emitido un comunicado dirigido a los representantes de los trabajadores con motivo de la apertura de un proceso de despido colectivo que podrá llegar a afectar a un máximo de 1.300 empleados.
Según la compañía, un 60% de estos despidos, unos 780, pertenecerán a la recién absorbida Ono y el 40% de ellos a unos 520 empleados de Vodafone.
Los motivos de este ERE según la compañía no son únicamente la duplicidad de puestos que ha ocasionado la fusión sino también la caída de ingresos sufridas por ambas compañías en los últimos años a lo que se les ha unido la fuerte inversión necesaria para mantener la eficiencia de sus servicios según demanda del mercado.
Este comunicado emplaza a los sindicatos al comienzo de negociaciones del 1 al 30 de septiembre. Si echamos la vista atrás, Vodafone ya realizó un ERE similar en 2013 que derivó en 620 despidos y 130 externalizaciones alegando la caída de ingresos por la crisis. Ono no realiza un ERE desde 2008, el cual afectó a gran parte de la plantilla, 1.300 de los 4.300 con los que contaba entonces.
SABOTAJES A HELICÓPTEROS Y COCHES EN LA HUELGA DE LOS BRIGADISTAS ANTIINCENDIOS
La oposición pide la comparecencia de la ministra de Medio Ambiente en el Congreso
En primera línea de fuego por 900 euros
La distancia entre las partes sigue sin acortarse. No avanzan las negociaciones entre los miembros de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF), que iniciaron una huelga indefinida, y la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
Pese a que la ministra Isabel García Tejerina ha afirmado que existe margen para el acuerdo, de inmediato ha calificado de «inviables» las reclamaciones salariales de los trabajadores. Unas exigencias que los brigadistas, que cobran un sueldo bruto base que oscila entre los 900 y 1.000 euros, consideran innegociables. «Es verdad que demandamos un aumento de un 30%.
Pero, ¿acaso no es razonable que un colectivo que se juega la vida apagando y previniendo incendios pida ser mileurista?», han recalcado los efectivos antiincendios en un comunicado difundido en este tercer día de huelga, cuando los sabotajes cometidos en las bases de la BRIF han afectado ya a cuatro helicópteros y a 15 vehículos.
Según un informe de la empresa a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la compañía ha registrado daños en cuatro medios aéreos (pintadas) y pinchazos de las ruedas de los automóviles. «Han pintado los cristales de uno de los helicópteros de la base de Tineo, que ha quedado inoperativo todo un día», señala el documento, que también apunta cómo han aparecido «patatas con clavos» en las carreteras de acceso a las instalaciones de Daroca: «pinchando las ruedas de una de las Pickup que subía a la base con el personal de servicios mínimos».
El director de Recursos Humanos de Tragsa, Jorge Hernández, ya denunció estos «actos vandálicos» durante su comparecencia pública del martes, cuando sentenció en rueda de prensa que la compañía pública «no puede ceder a un incremento de las retribuciones del nivel» exigido por los brigadistas. Mientras tanto, los actos de apoyo a estos trabajadores se suceden.
Según ha informado UPyD, la oposición ha pedido la comparecencia de la ministra en el Congreso para explicar las condiciones labores de los miembros de la BRIF.
El Ayuntamiento de Cuenca, por su parte, ha aprobado por unanimidad una moción de apoyo a los efectivos antiincendios.
LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES EN INCENDIOS FORESTALES DE CASTILLA Y LEÓN (ATIFCYL) SE DESMARCA DE LA HUELGA DEL SERVICIO DE INCENDIOS FORESTALES
Sus asociados no han recibido ni comunicación ni información sobre los motivos de dicha huelga, afirma
La Asociación de Trabajadores en Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL) quiere hacer saber que la huelga de su sector, anunciada y promovida por los Sindicatos CCOO y UGT, para este 29 de julio, no ha sido secundada por los trabajadores correspondientes, ya que estos no han recibido ni comunicación ni información sobre los motivos de dicha huelga.
Por ello, esta asociación se desmarca de ella y mantiene “sus propias reivindicaciones”, según un comunicado enviado a los medios.
“La huelga de sindicatos podría ser un paripé entre estos y las Empresas del Sector para “negociar” un convenio colectivo que sospechamos pudiera estar ya más que negociado y por ello no se ha contado con nosotros para nada ni se nos ha informado de las protestas”, afirma.
“Pedimos saber las condiciones de la negociación de cualquier convenio que nos afecte antes de que se firme y por lo tanto que se cuente con nosotros para ello”, añade.
“Los únicos trabajadores de incendios forestales que mantienen una huelga abierta e indefinida son los trabajadores de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF).
Pertenecientes a la empresa TRAGSA y dependientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a los cuales apoyamos en sus reivindicaciones”, añaden.
LA PLANTILLA DE VALEO COMIENZA LA HUELGA CONTRA EL TRASLADO A ZARAGOZA
Barcelona
La plantilla de la fábrica de Valeo en Martorelles comenzó anoche una huelga indefinida para protestar contra el traslado a Zaragoza de la planta y de 214 de sus 257 trabajadores.
Más de dos centenares de personas se han concentrado a las 11.30 a las puertas de Valeo para exigir a la multinacional francesa que desista de la deslocalización y cumpla con el plan industrial que presentó el año pasado, que garantizaba la viabilidad del centro catalán hasta 2019.
La última reunión de mediación de huelga acabó con los representantes de Valeo abandonando la mesa; según explicaron fuentes del comité de empresa: «Exigimos que el abogado de Valeo Térmicos, la planta de Zaragoza, se retirara porque no es parte de nuestra empresa, Valeo Climatización, así que no tenía nada que ver allí».
La venta de la unidad productiva de la filial catalana a la de Zaragoza está pactada desde abril, según informó la dirección al comité, que critica que esta haya esperado tres meses para anunciársela a los empleados.
Los trabajadores acusan a los directivos de haber querido minimizar su capacidad de negociación, ya que la mayoría se fue de vacaciones.
Queremos vivir y trabajar en Cataluña, se podía leer en camisetas y carteles. A la manifestación han acudido el secretario general de CCOO, Joan Carles Gallego; la vicepresidenta primera del Parlament, Anna Simó (ERC); el candidato de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, y el diputado del PSC en el Congreso Román Ruiz. Además de los alcaldes de las localidades donde viven varios de los afectados, como Martorelles, Montmeló, Sabadell, Partes del Vallès y Montornès del Vallès, entre otros.
BLOQUEADA LA NEGOCIACIÓN PARA EVITAR LA HUELGA DE LIMPIEZA EN IBIZA
Herbusa y la UTE Es Vedrà se niegan a asumir la subida salarial que reclaman los trabajadores
El avance en la negociación abierta para tratar de evitar que arranque una huelga indefinida de recogida de basura y limpieza en Sant Josep, Santa Eulària y Sant Joan quedó bloqueado.
Los representantes de los trabajadores de las empresas Herbusa y la UTE Es Vedrà (Herbusa, Ferrovial y FCC) se levantaron de la mesa en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Balears (Tamib), en su segundo encuentro, sin cerrar un acuerdo después de que las empresas se negaran a asumir la contraoferta sobre la subida salarial planteada el martes.
Así lo explicó el secretario general de Comisiones Obreras, Felipe Zarco, que indicó que la propuesta de los trabajadores «no se puede bajar más». «No hemos avanzado nada.
Las expectativas del martes se han venido abajo», lamentó el representante sindical, quien reconoció que, antes de la reunión, pensaba que se podía alcanzar un acuerdo para desconvocar el paro indefinido.
En todo caso, las dos partes se han emplazado, de nuevo en el Tamib, para buscar una salida a la situación. Los trabajadores han pedido que a esta reunión asistan representantes de los ayuntamientos.
Zarco justifica esta demanda en el hecho de que las empresas argumentan que no pueden satisfacer la reclamación salarial del comité de empresa porque «los ayuntamientos [por las concesiones de limpieza] les pagan lo que les pagan».
Las empresas proponen incorporar al nuevo convenio laboral, que estaría en vigor hasta 2018, una subida salarial del 0,25% este año y la revisión del IPC en los otros tres restantes.
Los trabajadores, en cambio, reivindican que en 2015 se consolide un aumento del 0,5%, que en 2016 se aplique ya la subida del IPC y en los últimos dos años de aplicación del convenio, el IPC más un 0,25%. «Pretendemos recuperar el poder adquisitivo de un 1% en cuatro años. No creo que esto suponga subir mucho», subrayó Zarco.
Malestar interno de la plantilla
El secretario general de Comisiones Obreras insistió en que los trabajadores no pueden rebajar más sus pretensiones.
De hecho, destacó que, inicialmente, los afectados aprobaron en asamblea reclamar una subida del 1%, pero que por «responsabilidad», los representantes del comité han reducido la reivindicación inicial. «Hay compañeros que no están conformes con ello», reconoció.
Zarco considera que hasta «el minuto cero» del inicio de la huelga se puede alcanzar un acuerdo, pero si la empresa no acepta la contraoferta de los trabajadores, el paro será inevitable.
También señaló que no cabe la posibilidad de posponer la huelga a otro momento. «En agosto es cuando se puede hacer más fuerza», admitió el sindicalista, que apuntó que, por ejemplo, los controladores aéreos no harían huelga en noviembre «cuando no viaja nadie».
Por otra parte, los trabajadores del servicio de limpieza de Vila celebran en el Tamib la segunda reunión con los representantes de Ferrovial-Cespa para tratar también de buscar un acuerdo.
En este caso, la plantilla reclama una subida del 0,6% (inicialmente reivindicaba un 1%), pero la concesionaria solo acepta incrementar los salarios un 0,3%. Además, los trabajadores piden que se revise cada año en función del IPC, pero la compañía no está por la labor.
CONVOCADAS 8 JORNADAS DE HUELGA EN LA PLANTA DE BRIDGESTONE DE BASAURI
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La planta vizcaína se une de esta forma a las movilizaciones que se realizan en otras fábricas de la multinacional japonesa de neumáticos como la de Burgos, Bari (Italia) o Bethune (Francia)
Bridgestone despedirá a 194 trabajadores en Basauri y Usansolo
El comité de la planta de Bridgestone en la localidad vizcaína de Basauri ha convocado 8 jornadas de huelga por la «degradación» de las relaciones laborales, la falta de negociación y los «continuos» incumplimientos del convenio por parte de la dirección.
Según ha informado en una nota el comité, la planta vizcaína se une de esta forma a las movilizaciones que se realizan en otras fábricas de la multinacional japonesa de neumáticos como la de Burgos, Bari (Italia) o Bethune (Francia).
Las jornadas de huelga en Basauri serán los días 5, 6, 19, 20 y 31 de agosto y el 1, 10 y 11 de septiembre.
LOS EXAMINADORES DE TRÁFICO, LLAMADOS A LA HUELGA DESDE SEPTIEMBRE
La Tribuna de Cuidad Real
La falta de efectivos en el cuerpo de examinadores de tráfico para atender la demanda que se produce tradicionalmente en el mes de julio, «en el que casi se doblan las solicitudes», según la jefa provincial de Tráfico, Raquel García Fabra, podría tener un elemento más que añadir al escenario y que pone en riesgo la capacidad de absorber en el mes de septiembre la lista de espera generada para examinarse de la prueba práctica: la huelga indefinida convocada por los examinadores.
Estos profesionales están llamados, a partir del 14 de septiembre, a llevar a cabo una huelga indefinida en las tres últimas horas de su jornada laboral, un paro que se llevará a cabo todos los días hasta que exista una solución al «caos organizativo y la deriva en la que está inmerso el organismo de Tráfico», según apunta la asociación nacional que agrupa a estos trabajadores, que cree que la situación de la DGT es «insostenible».
Es decir, que cuando se retomen los exámenes prácticos en el mes de septiembre, a los alumnos que hayan sido derivados a esas fechas tras su inclusión en la lista de espera habrá que añadir una posible reducción en el número de exámenes que se realicen, fruto de la huelga.
CCOO AMENAZA CON HUELGA EN CORREOS TRAS EL VERANO POR UN CONVENIO ‘JUSTO’
EFE – Bilbao
Según los datos del sindicato, se han perdido unos 15.500 empleos en cinco años
El sindicato CCOO ha amenazado con convocar nuevas jornadas de huelga en Correos en septiembre, octubre y noviembre si el Gobierno no concreta medidas que satisfagan su demanda de un convenio «justo» que permita consolidar empleo en el organismo y establecer un «salario digno» para los trabajadores.
Representantes del sindicato han recordado, en conferencia de prensa en Bilbao, que desde el año pasado se mantiene un conflicto laboral abierto en Correos, en el que se han sucedido movilizaciones y huelgas y que CCOO considera «abierto» mientras se mantengan «los recortes, los ajustes de empleo, el nulo incremento salarial y la pérdida de derechos» en el operador estatal.
La representante de CCOO en el organismo público Garbiñe Ordeñana ha explicado que los sindicatos llevan más de un año tratando sin éxito de acordar un convenio «digno» para los 52.000 trabajadores de Correos, ante lo cual la dirección y el Gobierno han mantenido una postura «inmovilista».
Estos intentos se han dado, según ha denunciado, en un contexto de recortes constantes en materia de empleo y salarios, éstos últimos congelados desde hace unos 10 años.
Según los datos de CCOO, en el conjunto del organismo se han perdido unos 15.500 empleos en cinco años y en los dos últimos unos 100 en Bizkaia mediante la amortización de plazas que quedan vacantes por jubilaciones, fallecimientos o traslados.
A ello se suman los recortes aplicados en las contrataciones en períodos vacacionales como el de verano, según la sindicalista, que ha indicado que tales ajustes se traducen en un servicio caótico» para el cliente.
Dada la situación, los sindicalistas han instado a la dirección a que se siente a negociar con los sindicatos con el fin de lograr un convenio que permita la cobertura de plazas y un incremento salarial para los trabajadores.
Por su parte, el también representante de CCOO en Correos José Luis Ruiz ha explicado que la entidad ha sufrido «una agonía» en materia económica y ha reprochado al Gobierno que no tenga «un plan real» para el organismo.
Ha censurado, asimismo, «el ahogo económico» al que, según ha indicado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha sometido a Correos al imponerle «continuas multas» y ha anunciado que CCOO va a demandar a la comisión estatal «por daños y perjuicios» al considerar que tales sanciones no son «justas».
LOS CONDUCTORES DE TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE (TITSA) COBRARÁN LAS EXTRAS DE DICIEMBRE Y SEPTIEMBRE
La empresa acuerda con los trabajadores eliminar algunos de los recortes impuestos por el Expediente de Regulación de Empleo
Manifestación de los trabajadores de Titsa
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Los conductores de Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa dependiente del Cabildo de Tenerife, cobrarán este año las pagas extra de septiembre y diciembre, gracias a la aplicación del acuerdo, que firmó la entidad recientemente con los representantes sindicales de los trabajadores.
Los conductores sufrían desde el año 2012 las consecuencias del Expediente de Regulación de Empleo Temporal (Erte) que la empresa aplicó para poder sanearse.
El presidente de la Corporación insular aseguró a los trabajadores de Titsa que en cuanto los recortes empezaran a surtir el efecto buscado se repercutirían los costes que se habían impuesto a los empleados.
Esto finalmente se podrá llevar a cabo tras obtener el informe favorable del departamento de Recursos Humanos y Hacienda de la Corporación insular, por lo que a partir del segundo semestre del año la empresa relajará las condiciones del Erte y se fijarán las condiciones que se seguirán hasta que el expediente se extinga a finales de 2016.
El acuerdo firmado implica que la empresa desafectará en seis meses al personal al que se le redujo la jornada un 10% como consecuencia del Erte. Además, se les ofrecerá un día de licencia retribuida a estos trabajadores.
El convenio también determina que a partir del 1 de enero de 2016 y hasta el fin de la vigencia del Erte, este se reducirá en 10 días. Asimismo la empresa se compromete a aumentar la jornada del personal que se vio abocado a reducirla, en un plazo de seis meses, con la excepción del personal de taller que deberá recuperar su horario normal durante cuatro meses. Además, se les ofrecerá un día de licencia retribuida a estos trabajadores.
El gerente de la empresa, Jacobo Kalitovics, quiso agradecer el esfuerzo realizado por todo el personal para conseguir sanear la empresa, «manteniendo el carácter público, y conservando todos los puestos de trabajo».
Cabe recordar que el Erte firmado en 2012 afectó a los 1500 trabajadores de la empresa e implicó el ahorro de 2,6 millones de euros el coste salarial anual, lo que produjo que cada trabajador redujera 30 días de trabajo, con las consiguientes mermas de sueldo y otros beneficios sociales, además de la reducción de jornada del personal del área administrativa y de talleres.
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