Publicado en: 17 enero, 2018

Boletín de Luchas Obreras (17 de Enero de 2018)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE

  • PODEMOS DENUNCIA DESPIDO DE LA MITAD DE LA PLANTILLA DE UN HOTEL DE CARTAGENA
  • ERE DE EXTINCIÓN PARA EL CIEN POR CIEN DE LA PLANTILLA DE MIERES TUBOS
  • UGT FICA DENUNCIA AMENAZAS A TRABAJADORES DEL SECTOR AGRARIO PARA OBLIGARLES A QUE RENUNCIEN A LOS CONTRATOS FIJOS DISCONTINUOS
  • VIGILANTES SE MANIFIESTAN EN MADRID POR IMPAGOS A COMPAÑEROS DE METRO
  • MEGASA TIRA DE TIJERA
  • LA INTERINIDAD ABOCADA A LA HUELGA
  • CGT-RECOGIDA DE BASURAS DE MADRID CONTRA EL CONVENIO PRESENTADO POR LAS EMPRESAS
  • CGT CONVOCA HUELGA EN LA ENSEÑANZA ANDALUZA EL 9 DE FEBRERO
  • LOS SINDICATOS CONVOCAN 23 JORNADAS MÁS DE HUELGA ENTRE MARZO Y JUNIO EN LA ESCUELA PÚBLICA VASCA
  • LA HUELGA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL MOLINA OROSA ARRANCARÁ EL 29 DE ENERO
  • LA PLANTILLA DE AGROFRUIT EXPORT CONVOCA HUELGA INDEFINIDA POR RETRASOS EN LAS NÓMINAS
  • BIMBO SE ENFRENTA A UN CONFLICTO LABORAL EN CIERNES CON SUS REPARTIDORES

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PODEMOS DENUNCIA DESPIDO DE LA MITAD DE LA PLANTILLA DE UN HOTEL DE CARTAGENA

Agencia EFE

Podemos ha denunciado que los nuevos propietarios del Hotel Cartagonova de Cartagena van a despedir a 9 de los 19 trabajadores porque van a reconvertir este establecimiento en un modelo “low cost” para clientes que pasan un día en la ciudad y que “no busca calidades ni comodidades”.

En un comunicado, la formación morada ha criticado que la nueva empresa de este negocio, B&B, está cerrando servicios, como el spa y los desayunos y externalizando departamentos, como el de las camareras de piso, conocidas como las “kelys”, lo que supone una “drástica” reducción de la plantilla.

Igualmente, Podemos ha detallado que los trabajadores afectados por la propuesta de despido son recepcionistas, empleados del spa y del salón de desayunos y de administración.

Además, este partido ha alertado de que los recepcionistas que sigan en la plantilla tendrán que desarrollar también labores de camarero, limpiador y maletero, una categoría “ilegal” que la empresa denomina “recepcionista multifuncional”.

Por ello, Podemos y Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) promoverán iniciativas en la Asamblea Regional y el Ayuntamiento de Cartagena para que el Ejecutivo murciano establezca una mediación laboral que evite los despidos y “corregir el rumbo de un hotel que no debe consolidar este modelo de hostelería que se nutre trabajadores baratos y esclavitud en pleno siglo XXI”, según la formación morada.

En este sentido, el diputado regional de la formación morada, Andrés Pedreño, ha censurado que el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, vaya a la próxima feria de turismo Fitur a “sacar pecho” de lo que va a ser “el año del turismo de la Región” mientras está en marcha un “conflicto” por un modelo turístico-hotelero “inaceptable”.

Finalmente, la concejal de CTSSP Teresa Sánchez ha apostillado que no se puede “permitir” un modelo de competencia basado en la “pérdida de servicio y calidad al consumidor” y de los “derechos de los trabajadores”, puesto que será la forma con la que, en su opinión, tendrán que competir el resto de hoteles, “con menos empleados y salarios más bajos”.

ERE DE EXTINCIÓN PARA EL CIEN POR CIEN DE LA PLANTILLA DE MIERES TUBOS

Carmen Liedo – lavozdeasturias.es

Los trabajadores tienen hasta el 31 de enero para negociar el despido. La empresa no entrará en fase de liquidación hasta que no se resuelvan «incidencias» con los acreedores

Los trabajadores de Mieres Tubos se concentran para reclamar los salarios que les deben ->

https://i.avoz.es/sc/nXHoqb3ukIh1KDLUIVOAa0346-g=/900x/2017/02/06/00121486405786521123684/Foto/mieresh.jpg

Después de casi cuatro años de cesiones, movilizaciones, incertidumbres, huelgas, de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs), de esperanza con la aparición de posibles inversores, de más ERTES, de «alternativas chapuceras» y de impagos de nóminas, representantes de los trabajadores de Mieres Tubos mantenían una reunión con el administrador concursal y los abogados de la empresa en la que se les presentaba un ERE de extinción de los contratos para el cien por cien de la plantilla.

Según han manifestado fuentes del comité de empresa de la factoría mierense, lo que les plantean es una indemnización según las condiciones que marca la ley para los despidos por problemas económicos de la empresa, esto sería el abono de 20 días por año trabajado, a lo que añaden el compromiso de recolocación en el caso de que apareciera un comprador para la empresa durante la fase de liquidación.

Sin embargo, el comité de empresa tratará de negociar una mejora de dichas condiciones, para lo que tienen de plazo máximo hasta el próximo 31 de enero. Sin embargo, aunque se produjera la extinción de los contratos, Mieres Tubos no entrará en fase de liquidación hasta que no se resuelvan algunas «incidencias concursales» que al parecer se han detectado con algunos acreedores.

El 10 de enero era la fecha fijada por el administrador concursal para que la familia Uribarren, propietaria de Mieres Tubos, realizara una propuesta de convenio o de liquidación de la empresa, como exige el concurso de acreedores en el cual se encuentra inmersa la compañía.

Al no presentarse esa propuesta de convenio, que supondría la disposición de la propiedad a inyectar inversión a la fábrica, la única salida que ha considera ya el administrador concursal tras este largo conflicto laboral ha sido plantear la extinción de los contratos a los 50 trabajadores que aún pertenecen a la empresa siendo este el principio del fin de Mieres Tubos. Y es que, según han considerado desde el comité de empresa, «una vez que se extinga la plantilla es muy difícil que la empresa vuelva a retomar la actividad».

Lo que tienen ahora por delante los representantes de los trabajadores son apenas tres semanas para tratar de negociar el mejor despido posible, puesto que lo que plantea el administrador concursal y los abogados de la propiedad son, estrictamente, los 20 días de indemnización por año trabajado que fija la ley para estos casos. «Trataremos de negociar más días de indemnización, complementar a la gente mayor para ver si alguno puede jubilarse y que se contemple, como han planteado, el compromiso de recolocación mientras dure la fase de convenio.

Es decir, que los trabajadores puedan tener alguna ventaja sobre lo que marca la ley», han explicado fuentes del comité de empresa comunicárselo también a los empleados en asamblea. No obstante, las mismas fuentes se han mostrado conscientes de que el problema de Mieres Tubos es un problema de liquidez y que, finalmente, todos tendrán que acudir al Fondo de Garantía Salarial para poder cobrar algo de esa indemnización, «ya que FOGASA paga un máximo de 120 días de salario y un año de liquidación».

Así, lo que no cubra este fondo, lo seguirá teniendo pendiente de cobro la plantilla hasta que se liquide la empresa.

Es por eso que desde el comité de empresa muestran su escepticismo de que algún día todos los trabajadores puedan llegar a recibir todo lo que la empresa les adeuda ya que, hasta el momento, al medio centenar de trabajadores se les deben las nóminas de todo 2017 más la mitad de la paga extra de diciembre de 2016. En total se estima que una cantidad superior a los 800.000 euros.

«Va a ser muy difícil que recuperemos todo el dinero que se nos debe», apuntan desde el comité de empresa, que considera que los trabajadores «quedamos vendidos después de todo lo que hicimos por tratar de salvar la empresa».

Además, los representantes de los trabajadores critican que la propiedad «siga alargando la fase común» de este concurso de acreedores sin tener en cuenta que «hay gente que se va a su casa sin nada» por haber agotado ya todas sus prestaciones durante los expedientes de regulación temporal de empleo, y tienen en cuenta que «Fogasa no paga de hoy para mañana» y que por tanto habrá gente «que estará otros cuatro o cinco meses sin tener ingresos». En cuanto a la liquidación de Mieres Tubos, desde el comité de empresa explican que esa fase no se podrá iniciar hasta que no se resuelvan algunas «incidencias concursales» por los acreedores.

UGT FICA DENUNCIA AMENAZAS A TRABAJADORES DEL SECTOR AGRARIO PARA OBLIGARLES A QUE RENUNCIEN A LOS CONTRATOS FIJOS DISCONTINUOS

agronewscastillayleon.com

Ante la campaña de conversión de contratos eventuales en fijos discontinuos que lleva a cabo la Inspección de Trabajo en las distintas Comunidades Autónomas, desde UGT FICA han detectado la existencia de empresas del sector agrario que, ante la obligación de tener que convertir a los eventuales en fijos discontinuos, están obligado a los trabajadores afectados a firmar la renuncia a dichos contrato, bajo la amenaza de que, en caso contrario, serán despedidos.

Con posterioridad, estas mismas empresas comunican a la Inspección de Trabajo que son los trabajadores los que “voluntariamente” renuncian a dicho contrato, lo que les puede causar un grave problema en sus prestaciones.

El secretario del sector Agrario y Manipulado Hortofrutícola de UGT FICA, Emilio Terrón ha denunciado esta situación y ha advertido de que el Sindicato “no va a consentir que lo que podría ser estabilidad para muchos trabajadores/as del campo se convierta, por las presiones y amenazas de algunos empresarios, en un coladero de despidos, máxime cuando algunas de estas empresas están recibiendo ayudas públicas para sus instalaciones actuales y para las que todavía están construyendo”.

UGT FICA ha solicitado además una reunión urgente con la Inspección de Trabajo estatal “para poner en su conocimiento estas prácticas intolerables, propias de tiempos pasados”. El Sindicato ha detectado este tipo de prácticas en la Comunidad de Extremadura y está recabando datos ante la posibilidad de que también se estén produciendo en otras comunidades, ya que alguna de las empresas analizadas, que se dedica a la siembra de frutas y hortalizas y a su posterior manipulación en distintas plantas de transformación, tiene centros de trabajo en todo el territorio nacional.

VIGILANTES SE MANIFIESTAN EN MADRID POR IMPAGOS A COMPAÑEROS DE METRO

elperiodicodecanarias.es

Decenas de vigilantes han reivindicado en el centro de Madrid mejoras laborales para el sector, especialmente para los compañeros que trabajan en Metro de Madrid contratados por Seguridad Integral Canaria.

Estos profesionales llevan desde noviembre en huelga por los impagos de esa empresa, cuyo dueño es Miguel Ángel Ramírez, presidente del Unión Deportiva Las Palmas.

Ha sido el Movimiento 27, integrado por vigilantes “sin siglas ni banderas”, el que ha convocado una concentración a las seis de la tarde en Callao, desde donde se han trasladado a la Puerta del Sol con carteles reivindicativos y también con cadenas y esposas para escenificar su situación de precariedad en general y el caso de Seguridad Integral Canaria en particular.

En ambos lugares y durante el recorrido, unos 50 vigilantes, según el Movimiento, han coreado lemas como “Metro contrata a empresas piratas” o “Reforma laboral indigencia salarial” y explicado sus demandas a las personas que paseaban por la zona.

Antes, a las tres de la tarde, han acompañado a varios trabajadores de Seguridad Integral Canaria en Metro en la protesta que hacen periódicamente dentro del suburbano, en la estación de Sol.

Allí ha estado, entre otros, Daniel Galán, que está contratado por Seguridad Integral canaria en Metro y estuvo en huelga de hambre tras saber que no cobraría su sueldo hasta que Metro de Madrid cambiase la empresa concesionaria.

La dirección del suburbano prevé que las nuevas empresas adjudicatarias del servicio de seguridad se incorporen antes de finales de enero, y en los pliegos del reciente concurso se especifica que se podrá sancionar a las firmas que incumplan los pagos a sus trabajadores, como ha ocurrido con la firma de Miguel Ángel Ramírez.

MEGASA TIRA DE TIJERA

elperiodicodearagon.com

La plantilla inicia paros por el recorte salarial planteado por la empresa, propiedad de una de las familias gallegas que aparecen en la lista Forbes

Los trabajadores de Megasa se concentraron a las puertas de la planta, en el PTR ->

Los paros llegaron a Megasa. Los 240 trabajadores de la acería zaragozana mostraron así su rechazo al recorte de salarios (superior al 20%) planteado por la empresa, que quiere aplicar en el futuro el convenio provincial del metal.

El encuentro en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) fue infructuoso y, si todo sigue por el mismo camino, los paros, que fueron secundados de forma «masiva» por la plantilla, se repetirán los días 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de enero.

Las relaciones laborales se han ido deteriorando desde que en el 2016 la compañía gallega adquirió la planta, hasta entonces en manos de Arcelor Mittal.

El nuevo patrono marcó pronto el cambio de rumbo. La dirección de Megasa planteó meter la tijera en el convenio colectivo, lo que despertó el malestar de la plantilla.

Además, desde CCOO han denunciado varios despidos individuales desde entonces. El pasado diciembre, los trabajadores decidieron iniciar un proceso de movilizaciones durante todo el mes de enero.

El sindicato CCOO, mayoritario en el comité de empresa, denuncia que con Megasa la comunicación con los sindicatos «nunca ha estado normalizada».

La situación ha llegado hasta tal punto que no se ha producido ninguna reunión en los últimos dos años, según destacó la secretaria general de Industria de CCOO, Ana Sánchez.

Aunque el sector ha atravesado por dificultades en los últimos años, Megasa ha crecido de la mano de los Freire, una de las familias gallegas que aparecen en la lista Forbes.

El grupo siderúrgico, que tiene su sede en Narón, ganó en el 2016 más de 64 millones tras facturar 844 millones, lo que permitió retribuir a los accionistas con 15 millones y otros 49 millones se destinaron a reservas voluntarias, según publica Economía Digital de Galicia. Mientras, el coste de personal se redujo el 11%, lejos de más del 20% que quiere aplicar en Zaragoza.

LA INTERINIDAD ABOCADA A LA HUELGA

Artículo de opinión de Rafael Fenoy Rico – RojoyNegro-Digital

Y es que las familias se encontrarán metidas en un buen lío cuando se desate una oleada de huelgas en la enseñanza sin precedentes. Todas las personas trabajadoras entenderán que al personal interino de la educación pública no le queda más remedio que ejercer toda su capacidad de convicción para que los políticos del gobierno socialista de la Junta de Andalucía asuman la responsabilidad de garantizarles sus puestos de trabajo.

Las personas trabajadoras saben por experiencia que en sus empresas cuando un trabajador o trabajadora llega permanece en su puesto de trabajo mientras haya faena, salvo que sea expedientado. No entienden que sus hijas e hijos cuando son contratados en su empresa después de estar tiempo en las bolsas, se le deje en la calle y sean sustituidos por otros trabajadores.

Ahora el PSOE en Sevilla y el PP en Madrid pretenden realizar el mayor ERE que se conoce en la educación pública. Van a ser despedidos miles de personas que llevan tiempo trabajando de interinas para las administraciones públicas y sin ningún tipo de justificación. Y es que interesadamente se vulnera el derecho al trabajo confundiendo contratación con acceso a los cuerpos de funcionarios.

Normalmente se accede al trabajo en la función pública docente a través de convocatorias públicas y transparentes para bolsas de empleo. En raras ocasiones se accede al trabajo por convocatorias de oposición. Sin embargo la las administraciones educativas hacen de vez en cuando un “reseteo”, sacando a concurso oposición todos los puestos de trabajo que ya están ocupados.

La consecuencia es doble: primero se cambian unas personas por otras, quitándoles el derecho al trabajo a las que estaban y arrojando por la ventana todo el caudal de experiencia docente positiva acumulado, El segundo efecto es devastador para la ética de quienes aspiran por primera vez a un puesto de trabajo sabiendo que de obtenerlo es porque se lo quitan a quienes estaban ya trabajando.

Mientras las plazas que se oferten sean de nueva creación, es decir no ocupadas actualmente, las oposiciones son el más doloroso e injusto sistema que se puede aplicar.

La CGT ya ha convocado huelgas, la primera el 9 de febrero en la enseñanza andaluza, para exigir a la Consejería un nuevo acuerdo de estabilidad del personal interino que garantice su continuidad en el trabajo. “Quien que están se quedan” es la primera condición que se debe garantizar al profesorado interino.

Contra este atropello al derecho reconocido a toda persona trabajadora se revelará la interinidad en bloque por lo que el sistema educativo en este 2018 será un caos. Y toda la responsabilidad es del PP, en Madrid y del PSOE, en Sevilla.

Las familias se van a encontrar en una situación difícil, más cuanto se acerque el fin de curso, porque la huelga `seguro que hará imposible la evaluación y se corre el riesgo de que decenas de miles de alumnas y alumnos pierdan el curso escolar. Exigir daños y perjuicios ya a las administraciones públicas es lo que toca.

CGT-RECOGIDA DE BASURAS DE MADRID CONTRA EL CONVENIO PRESENTADO POR LAS EMPRESAS

CGT-Recogida de Basuras de Madrid Capital

Desde la Sección Sindical de CGT queremos manifestar nuestra indignación por la postura intransigente de la parte empresarial en la Mesa Negociadora, al modificar el texto de la oferta presentada en Asamblea Permanente de Trabajadores el día 7 de noviembre para el Convenio Colectivo 2017 de RBU Madrid Capital.

Esta circunstancia, nos ha obligado a tomar la decisión de no ratificar con nuestra firma el texto de convenio presentado por las empresas.

CGT se mantiene en la posición de que el texto a incorporar en el convenio debe ceñirse a la literalidad de la oferta presentada por las empresas y que sirvió para desconvocar la Huelga Indefinida que permanecía latente el mismo día 7 de noviembre.

Queremos destacar que para nosotros el instrumento embrionario del movimiento sindical es la Asamblea de Trabajadores, en la que se ejerza el derecho de discusión y participación, circunscrito al ámbito del Derecho Sindical.

Es en la asamblea de trabajadores donde la información fluye por el conjunto de los asistentes y circula horizontalmente. La deliberación asamblearia por parte de los trabajadores constituye un principio democrático ineludible en la toma de decisiones que afecten a la totalidad de la plantilla.

En base a este principio, lamentamos profundamente la falta de acuerdo con el resto de actores de la Mesa Negociadora, ya que defendemos con vehemencia la Unidad de Acción como único camino hacia la mejor defensa de los derechos de los trabajadores, pero no a cualquier precio.

No respetar lo acordado el día 7 de noviembre, presentando un texto con elementos nuevos, ya debería bastar para reivindicar el respeto que se merece la Mesa Negociadora, y los trabajadores representados por la misma.

Ahora, después de ocho meses de negociación, y de más de dos meses después de desconvocar la huelga, parece que cabe (y algunos justifican) el que la última oferta empresarial aceptada por los trabajadores, pueda ser “retocada”, “matizada”, “explicada” y “rectificada”, porque supuestamente “parece ser que hubo un error”.

Dicho lo cual, desde la Sección Sindical de CGT RBU Madrid Capital mantenemos inquebrantable el ánimo de que las cosas se hagan con criterios democráticos, y seguiremos luchando para que la actual situación cambie, y para que no se repitan “circunstancias” como las vividas en este Convenio.

CGT CONVOCA HUELGA EN LA ENSEÑANZA ANDALUZA EL 9 DE FEBRERO

CGT convoca huelga el 9 de febrero y asambleas para decidir un plan de lucha continuado que evite el previsible despido de miles de profesores interinos andaluces.

CGT asegura que “el acuerdo firmado por la el Ministerio con los sindicatos mayoritarios para la “mejora del empleo público” y con la finalidad de reducir la tasa de temporalidad laboral al 8% puede suponer el despido de miles de profesores y profesoras interinos.

Dada la alta tasa de profesorado interino de larga duración en la enseñanza, el acuerdo amenaza con convertirse en un ERE masivo para el profesorado que lleva años trabajando en esos puestos de trabajo.

De esta manera, se conculca el derecho a la estabilidad en el empleo, un componente primordial de la protección de las trabajadoras y trabajadores. La figura del profesorado interino en Andalucía en particular, y en general, en todo el Estado se ha convertido en una figura paradójica.

Y ello porque el uso abusivo por parte de la Administración de las contrataciones temporales debido solo en parte -a los recortes en los Presupuestos Generales, ha ocasionado que se empiece a hablar de interino permanente o interino de larga duración.

Una auténtica contradicción en términos. En estas condiciones, se pervierte la naturaleza jurídica del funcionario interino y, a partir de ahí, se explica que estos últimos años hayamos visto como el profesorado interino comenzaba a disfrutar de trienios, sexenios y complementos.

Cuando hablamos de un profesorado interino que encadena años tras años contratos, no hay razones objetivas para distinguir en términos de derechos entre un funcionario interino y un funcionario de carrera”.

CGT considera que los sindicatos de la mesa sectorial andaluza “abandonan a su suerte al profesorado interino ante esta grave situación, al plantear movilizaciones para reivindicar unos objetivos que no garantizan la estabilidad del profesorado interino andaluz”.

Una de las medidas que, la denominada mayoría sindical, de la mesa sectorial defiende es el carácter no eliminatorio de las pruebas selectivas en la fase transitoria (las tres convocatorias). Parece que no van a conseguir dicho objetivo porque el ministro de Educación se ha hecho fuerte en su negativa a este respecto y argumenta, no sin falta de empatía, que se tiene que apostar por la “excelencia del profesorado español y optar por los mejores candidatos”. En todo caso dicho objetivo no garantiza que quienes están se quedan.

Frente a ello, desde CGT plantean como “objetivo más eficaz el que se guarden las notas de convocatoria anteriores. La mayor parte del profesorado interino ha aprobado la fase de oposición en más de una convocatoria; en muchos casos, no son funcionarios debido a la insuficiente y precaria oferta de plazas de las convocatorias pasadas: ¿Por qué no exigir la no caducidad, con carácter retroactivo, de las notas de la fase de oposición? ¿Por qué no considerar como aptos en la prueba selectiva a todas y todos aquellos candidatos que hubiesen superado las pruebas en otras convocatorias anteriores?

Y más teniendo en cuenta, que en muchos casos la razón primera y fundamental por la que no llegaron al funcionariado es el uso improcedente de la Administración de las contrataciones temporales durante demasiados años. De hecho, la totalidad de las plazas, a excepción de las plazas correspondientes a la tasa de reposición, que se oferta en estos procesos selectivos son plazas de naturaleza estructural y están ocupadas por personal interino.

En otro orden de cosas, el profesorado interino que no haya aprobado ninguna prueba selectiva, ¿no ha mostrado ya de una manera clara y evidente su profesionalidad y aptitudes para el desempeño de la función docente durante sus muchos años de servicio a la Administración? El contrato temporal de profesorado interino solo se justifica de una manera excepcional y en una situación de corta duración.

En caso contrario, nos encontramos ante un uso inadecuado de las contrataciones temporales por parte de la Administración. Llegados hasta aquí, parece que la única diferencia esencial entre el profesorado interino y el funcionario de carrera en lo que concierne a su trabajo y a sus derechos – aunque todavía queda camino por andar – es que para el funcionariado interino el despido es muy barato. Hasta ahora la figura del interino ha sido muy cómoda para la Administración, ya que lo ha usado dónde lo ha necesitado y se ha podido cesar sin obligación alguna de indemnizar.

La mayor optatividad en la elección de temas en la oposición tampoco es relevante en la reducción de la precariedad. En cualquier caso, y de mantenerse el carácter eliminatorio de las pruebas de la fase de oposición, se puede terminar favoreciendo, otra vez, los caprichos del azar y no la experiencia y formación de los aspirantes al funcionariado.

El pretendido aumento del peso de la antigüedad en la fase de concurso es engañoso, ya que si aumenta el total que se puede aportar, disminuye el valor de cada año trabajado, pasando de valorase 1 punto a solo 0,7. Además divide a los interinos, ya que favorece a los que tienen más tiempo y perjudica a los que tienen menos años de experiencia.

Es decir, tiene el efecto perverso de devaluar el valor de la experiencia y terminar dividiendo al colectivo interino en función de la experiencia acumulada”.

Ante esta grave situación en que miles de profesores interinos, unas 20.000 personas, se encuentran ante la amenaza de verse en la calle, CGT exige a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía “un acuerdo de estabilidad del profesorado interino que garantice que estos trabajadores no pierdan su empleo”.

Para ello han convocado huelga el próximo 9 de febrero y llaman a asistir a próximas asambleas, que se van a celebrar, “a todo el profesorado afectado para decidir un calendario de movilizaciones sostenido – no se descarta la convocatoria de una huelga indefinida – hasta conseguir el objetivo irrenunciable de quienes están se quedan”.

LOS SINDICATOS CONVOCAN 23 JORNADAS MÁS DE HUELGA ENTRE MARZO Y JUNIO EN LA ESCUELA PÚBLICA VASCA

A.U. Soto Ruben Plaza – noticiasdegipuzkoa.com

Habrá dos paros conjuntos en marzo y uno en junio y entre medias una semana de huelga por colectivo: docentes, haurreskolas, educación especial y limpieza y cocina

Manifestación celebrada el 12 de diciembre en Donostia para culminar las cinco jornadas de huelga realizadas desde el inicio de curso ->

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Las reuniones de las mesas sectoriales en diciembre habían propiciado un deshielo del conflicto en la escuela pública vasca, que desde comienzos de curso ha sufrido cinco jornadas de huelga. Pero la sintonía con la que el Departamento de Educación y los sindicatos encararon el descanso de las Navidades se ha enfriado con los vientos gélidos de enero.

Los primeros en mover ficha fueron los sindicatos ELA, LAB y Steilas, quienes anunciaron ocho jornadas de huelga de aquí a fin de curso en cada ámbito -tres generales y una semana por colectivo: docentes, haurreskolas, educación especial y limpieza-.

En total, 23 días de paro. Por la tarde, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, les respondió: “Es inadmisible que pretendan tomar como rehenes a las miles de familias que confían en la enseñanza pública con el objetivo de reivindicar mejoras laborales”.

Las buenas palabras que en diciembre hacían presagiar un comienzo de la negociación han quedado en agua de borrajas después de que los sindicatos consideren que el Gobierno Vasco “solo ha atendido alguna” de sus reivindicaciones en las mesas sectoriales celebradas el pasado mes “y de un modo parcial”. “Por lo tanto, sus propuestas se encuentran alejadas de las demandas que hemos venido manifestando los últimos meses orientadas a dar la vuelta a la grave situación actual y a atender las necesidades básicas de la enseñanza pública”. La consecuencia: los nuevos paros.

Está claro que ambas posturas no entienden el mismo lenguaje. Las centrales hablan de “situaciones de extrema complejidad” en las escuelas, de “política de recortes” y de “precarización del personal”. Para Uriarte, en cambio, los sindicatos muestran una “nula voluntad de negociación” ante las nuevas propuestas que les trasladó en diciembre, como una nueva OPE para este año de 1.511 plazas que supondrían un total de 5.000 en esta legislatura y reducir la interinidad del 27% al 17%, reducir la jornada lectiva de los mayores de 60 años un tercio y sustituir las bajas desde el primer día en Educación Primaria y desde el tercero en Secundaria y Bachillerato, entre otras medidas.

Los sindicatos, por el contrario, piden un aumento de la plantilla de 2.000 trabajadores para hacer frente al incremento de la matriculación, incrementar la inversión pública del 3,5% al 6% establecido por la Unesco de manera paulatina, reducir la tasa de temporalidad al 6%, la gratuidad del Consorcio Haurreskolak y recuperar la pérdida de poder adquisitivo del 15%, entre otras.

La diferencia entre las exigencias sindicales y las propuestas de Educación motivan a ELA, LAB y Steilas a convocar nuevas movilizaciones de aquí a fin de curso, con dos días de huelga en marzo (jueves 14 y viernes 15), una semana de paro por sectores a partir de abril y otro día de huelga conjunta el 12 de junio.

En las próximas semanas, Educación tenía previsto convocar de nuevo las mesas sectoriales para comenzar a negociar, pero tras este anuncio parece difícil que se vaya a llegar a acuerdos.

Matriculación

Uriarte, en su comparecencia, puso además de relieve que la convocatoria de huelga coincide con un periodo “muy crítico” como es el de la prematriculación. “Es un periodo especialmente sensible, en el que las familias deciden qué centro educativo y qué proyecto desean para sus hijos o hijas”, señaló. Familias que podrían decidirse por otro modelo educativo ante el conflicto que vive la Escuela Pública Vasca.

Asimismo, recriminó que los paros puedan tener consecuencias en el alumnado en el último trimestre del curso, por eso consideró la “necesidad de blindar” a los centros educativos frente a “la conflictividad laboral y las reivindicaciones sindicales” trasladándolas a las mesas de negociación. Unas reuniones ante la que los sindicatos advierten: “En tanto (Educación) no aporte respuestas a nuestras reivindicaciones”, las huelgas seguirán adelante. En total, ocho días por colectivo.

LA HUELGA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL MOLINA OROSA ARRANCARÁ EL 29 DE ENERO

lavozdelanzarote.com

Los trabajadores cuentan con el apoyo del Sindicato CSIF Sanidad Lanzarote

La plantilla pide a la población que se sume a sus reivindicaciones:  “Nuestra lucha es para mejorar la calidad asistencial que los pacientes se merecen en un sistema sanitario público”

La huelga de los trabajadores del Servicio de Urgencias del Hospital Doctor José Molina Orosa arrancará finalmente el 29 de enero.

Así lo ha anunciado el Comité de Huelga tras dar registro de manera oficial al preaviso de la misma.

El paro, que es de carácter indefinido y arrancará a las 00:00 horas, cuenta con el apoyo del sindicato CSIF Sanidad Lanzarote y finalizará “tras negociación colectiva aceptada por el Comité de Huelga”

En un comunicado se recuerda que fue el pasado de 9 de enero, en asamblea, cuando los trabajadores de Urgencias del Hospital Molina Orosa acordaron “de manera unánime” ir a la huelga después de que, según aseguran, hubieran solicitado “hasta en dos ocasiones reuniones con responsables de la Gerencia y de Dirección de Enfermería, no recibiendo respuesta alguna hasta el día de la asamblea”, convocándoles a una reunión para el 31 de enero y solicitándoles que acuda “un único representante interlocutor del personal de enfermería que debe ser elegido de manera unánime”, lo que el Comité de Huelga considera “un agravio comparativo” debido “a que el conflicto laboral afecta a todas las categorías profesionales”.

Y es que, si bien es cierto que afirman que en un principio la movilización sólo iba a ser del colectivo de enfermería y de auxiliares, apuntan que “una vez celebrada la asamblea se sumaron el colectivo médico e informadores”. “Creemos que deben ser convocados todos los que componen el Comité de Huelga”, se señala en el comunicado, donde se explica que el mismo lo comprenden cinco trabajadores: tres enfermeros, un auxiliar de enfermería y un médico.

Así, añaden, “a partir de ahora cualquier tipo de negociación deberá ser tramitada a partir del Comité de Huelga establecido y elegido en la asamblea de trabajadores celebrada”.

En dicha asamblea, según indica, los trabajadores fueron exponiendo sus quejas, que se traducen en “el colapso constante de pacientes ingresados que no pueden subir a planta por no tener camas asignadas libres o que tardan mucho tiempo una vez asignada dicha cama, además del aumento progresivo de pacientes cada año, sumado al aumento exponencial de turistas que visitan nuestra isla, y que de manera considerable utilizan nuestro servicio de urgencias”. “A eso le sumamos que la planta de cirugía, con fecha prevista fin de obra de septiembre de 2017, sigue sin ser una realidad, con más de 40 camas que darían un desahogo bastante grande al hospital”, añaden.

Todo ello, aseguran, “se traduce en un aumento de la carga asistencial de manera significativa entre los diferentes profesionales del servicio, perjudicando sobre todo a la calidad asistencial de los usuarios”.

Reivindicaciones de los trabajadores

Las principales reivindicaciones de los trabajadores dirigidas a la Gerencia para su aprobación son que, de manera “inminente” y “permanente”, se abra el área trasera de observación con ocho camas disponibles, “dotando de personal por turnos de manera también permanente, entre los que tienen que figurar un médico, un enfermero, un celador y un auxiliar de enfermería”.

Así mismo, solicitan que dicho área cuente “con todo el material necesario para asegurar la calidad asistencial de los pacientes allí ubicados”.

El personal deberá formar parte de la plantilla del servicio de urgencias, y el funcionamiento de dicho área se gestionará por parte de los mismos, considerando propuestas formuladas con anterioridad como la posibilidad de destinar dicha zona a una unidad interna de urgencias de corta estancia”, reclaman también.

De igual forma, piden que se elabore “un protocolo, mediante colaboración entre el servicio de urgencias y los servicios de hospitalización, donde se detallen los mecanismos necesarios para agilizar el traslado de pacientes con cama asignadas a sus respectivas habitaciones, no descartando incluso que Urgencias decida, una vez la cama se encuentre disponible, cuando trasladar al paciente, como por ejemplo realiza en la actualidad la Unidad de Reanimación (REA)”.

También se solicitan la implantación de un triage avanzado “mejorando la eficiencia y eficacia a la hora de agilizar tiempos de espera de los usuarios” y que se agilicen los tiempos de resolución de interconsultas enviadas desde el Servicio de Urgencias a los diferentes especialistas de guardia”.

Entre sus reivindicaciones también figura el no dejar el servicio “sin cubrir puestos de informadores”, que se mantengan los dos puestos de auxiliar administrativos en admisión de Urgencias, que se cree una “sala de espera de aerosoles” y, a medio o largo plazo, que se estudie un proyecto para convertir un único box de pediatría para unificar pacientes y crear un box de críticos de tres camas con amplitud donde actualmente se encuentra el box pediátrico de observación.

“Nuestra lucha es para mejorar la calidad asistencial”

Por último, los trabajadores de Urgencias del Hospital Molina Orosa piden a la población que se una a ellos, señalando que su lucha “es para mejorar la calidad asistencial que los pacientes se merecen en un sistema sanitario público”.

En este sentido, apuntan que, durante el periodo de huelga, informarán a los pacientes de la situación y de sus reivindicaciones “para que comprendan que, con mejoras del servicio, mejorará también la calidad asistencial”. “Luchamos por vuestros derechos y por vuestra salud”, concluyen.

LA PLANTILLA DE AGROFRUIT EXPORT CONVOCA HUELGA INDEFINIDA POR RETRASOS EN LAS NÓMINAS

Europa Press

La plantilla de Agrofruit Export ha convocado huelga indefinida a partir del 25 de enero por retrasos de más de dos meses en el cobro de las nóminas, así como de las pagas extras desde marzo de 2017, ha informado UGT en un comunicado.

Agrofruit Export es una empresa dedicada a la exportación de cítricos, está situada en el Polígono Industrial Baix Ebre de Tortosa (Tarragona) y cuenta con 75 trabajadores. Según UGT, la plantilla también llevará a cabo diversas movilizaciones y concentraciones ante la puerta de la empresa en señal de protesta.

BIMBO SE ENFRENTA A UN CONFLICTO LABORAL EN CIERNES CON SUS REPARTIDORES

Cristina Farrés – cronicaglobal.elespanol.com

CCOO y UGT amenazan con paros si les intentan aplicar las condiciones de la ‘nueva’ Panrico

Bimbo, España la filial del gigante mexicano presidida por Fernando Lerdo de Tejada Servitje, debe hacer frente a lo largo de los próximos días a un conflicto laboral en ciernes que amenaza con bloquear su red de reparto.

El problema surge al tratar de unificar las condiciones que afectan a los casi 2.000 trabajadores que se encargan de la logística de la panificadora en el país, todos ellos contratados como personal autónomo dependiente.

La multinacional de los Servitje intenta desde hace algo más de un año aunar los derechos laborales de las actividades que habían adquirido a la multinacional Sara Lee en 2011 (Bimbo) con las que compró a Panrico en verano de 2016, que se traspasaron a la mercantil Bakery Donuts.

Fuentes del grupo indican que está prácticamente completado. Ordenar societariamente el trabajo de los repartidores mediante un nuevo Acuerdo de Interés Profesional (AIP) es uno de los últimos retos de este plan de actuación.

Divergencias de condiciones

Pero las intenciones de la dirección han chocado con las del comité de empresa de Bimbo, que representa a algo más de 800 empleados. Sus portavoces reconocen que son los que cuentan mejores condiciones laborales de partida.

A diferencia del personal que viene de Panrico, ellos tienen derecho a que se les carguen los camiones y furgonetas de reparto y sus retribuciones son más altas, entre otras cuestiones.

La propuesta que los Servitje negociaban pasaba la tijera por algunas de estas cuestiones, según los representantes sindicales. En contrapartida, se mejoraban las del personal de Bakery Donuts, hecho que llevó a que ATA y UGT firmaran un principio de acuerdo pendiente de ratificar por las asambleas de los trabajadores y de desarrollar con la dirección del grupo, indican los afectados.

Organización de la jornada laboral

El comité de empresa de Bimbo, conformado por representantes de CCOO y de UGT, carga contra este pacto. Mantiene que sus compañeros han pedido una “oportunidad histórica” de mejorar aún más sus condiciones laborales y critican de forma dura alguna de las cuestiones que se desarrollan, como la organización de las jornadas laborales.

Todos los implicados reconocen que se trata de una cuestión abierta. No se detalla en el documento marco ratificado por los herederos de Panrico y el personal de Bimbo teme que se traduzca en confirmar repartos de hasta 60 horas semanales. “Y eso ni siquiera es legal”, indican los portavoces consultados.

Presión sindical

Aseguran que la empresa les intentó imponer las condiciones del pacto ratificado por los representantes de los trabajadores de la otra filial. Fijó primero el ocho de octubre como fecha límite para unirse al acuerdo, aunque tras las primeras amenazas de paro prolongó la fecha al 31 del mes en curso.

El problema es que las negociaciones encallaron y ni siquiera se ha fijado un nuevo calendario de reuniones en las próximas dos semanas. Por ello, los sindicatos redoblan la presión. Aseguran que si los Servitje no se sientan a debatir cómo mejorar las propuestas del primer API el conflicto laboral es inevitable.

Bimbo es una de las empresas que se ha fugado de Cataluña por las incertidumbres del proceso independentista catalán. La división ibérica está instalada en los números rojos desde que los Servitje la compraron hace seis años. En 2016, el déficit se cifró en 16,7 millones. Una cifra negativa pero que mejora los 37,3 millones que se registraron en el ejercicio anterior.

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