Báñez apoya un informe que propone bloquear el dinero de las indemnizaciones por despido
La Fundación de Estudios Financieros (FEF) ha abogado por destinar la indemnización por despido a la formación del parado, de manera que éste podría quedarse con el remanente de esos fondos una vez que encuentre trabajo.
Esta es una de las propuestas del informe que FEF ha presentado bajo el título Acabar con el paro, ¿queremos?, ¿podremos?, elaborado por Pilar García Perea y César Molinas y que contó con la presencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
La coautora del estudio, Pilar García Perea, ha admitido que es una propuesta «polémica», pero ha defendido que la indemnización por despido se destine a financiar la búsqueda activa de empleo, de manera que el dinero se ingrese en una cuenta a nombre del trabajador para financiar «lo necesario» hasta que encuentre empleo y, una vez logrado, el remanente de fondos quede a su disposición.
Esta es una de las medidas que proponen para acabar con la «anomalía» del desempleo en España, cinco o diez puntos superior históricamente a la media europea, y que en su opinión no es resultado de causas económicas sino que es producto de razones estructurales como leyes en vigor, instituciones y prácticas disuasorias en la creación de empleo. Evitar «conceptos obsoletos»
El estudio dice, entre otras cosas, que en España «es frecuentísima» la «corruptela» del cobro doloso de la indemnización por parte de trabajadores «que tienen otra oferta de empleo, que han decidido aceptarla y que exigen al empresario, típicamente de una pequeña empresa, que les despida para poder cobrar la indemnización bajo la amenaza de provocar mal ambiente de trabajo durante el tiempo que haga falta si no son despedidos». También añade que la medida tendría que adecuarse a la complejidad de las distintas situaciones personales, como edad, esfuerzo en intentar encontrar trabajo, obstáculos para la consecución del mismo, etc.
En cualquier caso, los autores sí consideran necesario que el carácter finalista se pusiera en marcha como forma de control y como incentivo para el trabajador; asimismo, apuntan, no supone un incremento de costes y «sigue penalizando a las empresas por el hecho de despedir».
Agencias