Amnistía Internacional calcula 93 sanciones diarias en 2016 por la aplicación de la ‘ley mordaza’
Han pasado ya dos años de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘ley mordaza’. Y, ante la pérdida de «intensidad política» en relación con este tema, Amnistía Internacional decidió salir a la calle este jueves para incrementar la presión sobre los grupos políticos y exigirles que deroguen una normativa cuya aplicación en 2016, según sus cálculos, supuso la imposición de alrededor de 34.000 sanciones, unas 93 diarias. «Se ha dañado el derecho de reunión y manifestación», criticó Esteban Beltrán, director de AI.
En el análisis, Amnistía Internacional denuncia que la ley mordaza «se está utilizando» contra el activismo social, específicamente «contra activistas que defienden el derecho a la vivienda». En esta línea, AI critica que la normativa está «obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pacífica».
Además, señala que la Ley de Seguridad Ciudadana «daña el derecho a la información». «Las limitaciones a la distribución de imágenes de autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad están impidiendo el ejercicio del derecho a la información». En este punto, y tirando de la estadística oficial que ofrece el Ministerio del Interior, recuerdan que de julio a diciembre de 2015 se impusieron 12 sanciones por este motivo, una cifra que se eleva hasta 32 durante 2016.
Por todo ello, la organización exigió frente a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana «que se revise la legislación reguladora» del derecho de reunión y de protección de la seguridad ciudadana, así como sus «políticas y prácticas», eliminando «aquellos artículos que puedan limitar o interferir de manera desproporcionada en el ejercicio de derechos humanos como la libertad de expresión o información».