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05 Sep 2012

La trata de personas con fines de explotación sexual expande sus redes en todo México Destacado

por Jaime Montejo (Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle)
Miércoles, 05 de Septiembre de 2012 17:01
Simulación y/o complicidad del Estado mexicano en la trata de personas con fines de explotación sexual.


Fuente: Desinformémonos

México, D.F. El incremento de la trata de personas con la llegada de soldados y agentes federales a Ciudad Juárez, la prostitución forzada e infantil en el sector turístico, en lugares como Acapulco, Puerto Vallarta  y la Rivera Maya; el traslado de mujeres víctimas de trata de personas de Monterrey, Nuevo León, a Reynosa, Tamaulipas, en condición de cautiverio; el secuestro de mujeres migrantes en Chiapas que son obligadas a prostituirse; la de narco explotación de menores de edad como mulas, halcones y esclavas sexuales en Monterrey, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y el norte de Coahuila, entre otros lugares; la explotación sexual en el callejón Coahuila,  de Tijuana, donde niñas de 12 años son prostituidas; la red de explotadores (padrotes) que nace en Tlaxcala; entre otro muchos casos, fueron expuestos en las “Jornadas de discusión con la sociedad civil y expertos profesionales en el marco del Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata de Personas en México”.

Durante las jornadas celebradas en las instalaciones del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, y convocadas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el propio Instituto, Celina Izquierdo Sánchez, Secretaria Técnica del Observatorio de Violencia y Género del Municipio de Benito Juárez, de la Universidad del Caribe, presentó un estudio sobre trata de personas en el sector turístico, realizado en Acapulco, Guerrero, la Rivera Maya de Quintana Roo y Puerto Vallarta.

En el caso de Acapulco, uno de los hallazgos es que la trata de personas es una práctica normalizada, en la que, a juicio de la investigadora, el consumidor es el principal agente de todas las redes delictivas y por ello la demanda de explotación sexual crece; además de que este destino turístico se publicita como un paraíso sexual.

En el caso de la Rivera Maya, socialmente no se reconoce la existencia de prostitución forzada e infantil, así como de la mendicidad, con todo y la presencia notoria de mujeres cubanas, veracruzanas, chiapanecas, salvadoreñas y nicaragüenses, que ofertan servicios sexuales. Los taxistas indican a los turistas dónde hay servicios sexuales y las niñas de preparatoria de 16 a 18 años de edad, ofrecen su virginidad por diez mil pesos en dólares, motivo por el cuál la cuidan hasta obtener dicho beneficio económico y  no por una tradición moral.

Con respecto a Puerto Vallarta, denunció que se ha construido una vocación para el turismo sexual, particularmente de niños y adolescentes varones, que no se reconocen como víctimas, motivo por el cuál nos cuestionamos si es trata o no, pero con toda seguridad conviven diferentes formas de prostitución y pederastia.

Celina Izquierdo concluyó, que no encontró evidencias de estrategias municipales contra la trata sexual.

Gustavo Llamas de SeRe (Sexualidad Responsable), con el patrocinio de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), del gobierno norteamericano, presentó un estudio sobre trata sexual en la zona metropolitana de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Llamas refirió que mientras personal de su organización realizaba papanicolaou y aplicaba pruebas rápidas de detección del VIH-Sida, aplicó un cuestionario para detectar víctimas de trata, entre trabajadoras sexuales y mujeres transgéneros dedicadas al comercio sexual.

El ponente expresó que es muy importante diferenciar entre trata sexual y prostitución entendida como la decisión de una persona adulta de mantener relaciones sexuales remuneradas, para evitar prejuicios.

Gustavo comentó que los hombres, mujeres y transgéneros que ofrecen servicios sexuales son victimizados por sus cuidadores, los encargados de los cuartos donde se ocupan y la policía.

Comentó que la presencia de soldados y agentes federales aumentó la demanda de trata sexual y generó más violencia hacía las trabajadoras y trabajadores sexuales.

Una de sus observaciones es que la gente prefiere dar la cuota a uno de los dos cárteles del narcotráfico de la zona, que a la policía; porque los cobradores del cártel los cuidan de los clientes violentos y los esperan para que hagan su pago, mientras que los uniformados y el otro grupo de la delincuencia no actúan así de “comprensivos”.

Advirtió que el gobierno no hace nada para que evitar que esta población se convierta en un foco de infección, ya que no hay una regulación sanitaria de la actividad, postura cuestionada por Brigada Callejera, que calificó al control sanitario de trabajadoras sexuales, como uno de los pilares de la explotación sexual, además de condenar el carácter discriminatorio de la aseveración que estigmatiza a las trabajadoras y trabajadores del sexo como responsables de la expansión de infecciones de transmisión sexual (ITS) como el VIH-Sida, cuando la única forma de romper el círculo vicioso de las ITS, es el uso del condón.

Posteriormente se presentaron resultados de la investigación sobre tráfico de mujeres en la zona metropolitana de Monterrey, dirigida por Arun Kumar Acharya, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Arun Kumar explicó que con la lucha sangrienta entre dos grupos de narcotraficantes por el control de la plaza, aumentó la presencia de ejército y federales en la zona y con ello el impacto sobre la trata de personas.

Arun apuntó que de Monterrey, muchas mujeres que probablemente sean víctimas de trata sexual, se van a Reynosa, Tamaulipas y van siendo reubicadas paulatinamente en otras ciudades para que su condición de cautiverio no sea reconocida por la autoridad.

Una de las enseñanzas arrojadas por la investigación que Kumar expuso en las Jornadas, es el hecho de que las víctimas de trata sexual no encuentran otras oportunidades de desarrollo y regresan a la prostitución. En el caso de las mujeres más grandes de edad, van siendo desplazadas de casi todos los establecimientos mercantiles donde ofrecen servicios sexuales y sólo les quedan dos opciones, según el investigador: la coyotera o “hipotéticamente convertirse en traficantes de seres humanos”, puntualizó.

El académico afirmó que en Nuevo León hay una ley de sexoservicio pero no una de trata de personas. Finalmente, Arun Kumar apuntó que no hay una política pública de Estado contra la trata.

Personal de UNODC reveló que hay muchas averiguaciones previas denunciándose trata de personas en su modalidad sexual en Palenque y Ocosingo, Chiapas, por la presencia militar que genera una mayor demanda de prostitución y un ambiente propicio para la trata de personas; al igual que la generada en las actividades mineras, en torno a las plataformas petroleras y donde llegue población masculina intempestiva, que genera focos rojos en el tema.

En el caso de Chiapas, el 20 por ciento de las averiguaciones previas se concentran en el corredor de La Bestia (el tren de migrantes); demostrando que quienes migran, son objeto de trata de personas en territorio mexicano.

Los funcionarios de UNODC, declararon que hay una dificultad para integrar el cuerpo del delito de trata de personas y que falta homologar el delito y también el concepto sobre esta situación. Otro descubrimiento es que no hay averiguaciones previas contra este delito en zonas donde hay enfrentamientos graves con el narcotráfico, con la excepción de Chihuahua, donde la sociedad civil ha marcado la diferencia.

El personal de UNODC considera que el exceso de figuras delictivas contempladas en la “ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos” (ley general contra la trata), de reciente aprobación en México, en lugar de facilitar la impartición de justicia la va a dificultar y, a juicio de Brigada Callejera, probablemente genere una mayor impunidad.

Mencionaron una nueva categoría de análisis, que es la de narco – explotación de menores de edad como mulas, halcones y esclavas sexuales en Monterrey, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Norte de Coahuila, entre otros lugares.

Sobre las rutas de trata de personas, aludieron que más allá de la infraestructura de la comunicación terrestre, aérea y marítima que permite la movilidad humana, son espacios de tolerancia e impunidad y las políticas públicas deberían buscar la recuperación de dichos espacios.

La Red Nacional de Refugios denunció que en Monterrey los agresores que venden a sus esposas con sus vecinos o amigos, no son considerados tratantes por los jueces, quienes ubican esta situación como violencia familiar; y es que, a decir de Brigada Callejera, todavía hay códigos civiles donde dicha circunstancia sólo es causal de divorcio.

Norma Negrete de ECPAT México, habló del incumplimiento sistemático del gobierno mexicano de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y criticó el hecho de que en la “ley general contra la trata”, está ausente el delito de venta de niños, niñas y mujeres. También aclaró que la voluntad política se traduce en inversión económica y que México ha incumplido sistemática y estructuralmente el combate a la trata de personas.

Diversas participantes en el evento remarcaron que se ha invisibilizado la explotación sexual comercial de niños varones.

Rodrigo Olvera, del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), manifestó que a mayor vigencia de derechos humanos de las personas que trabajan, menor es el riesgo de trata de personas.

Olvera mostró cómo la violencia laboral del Estado mexicano, propicia la trata de personas al desindustrializar la planta productiva del país, al fomentar la precaridad laboral, al imponer una política de represión anti-sindical que entre otras cosas trae consigo los contratos de protección sindical.

Rodrigo enfatizó que de suprimirse la subordinación sindical hacia el Estado mexicano, se corregiría la corrupción gubernamental y las inspecciones laborales dejarían de ser ineficaces para detectar la trata laboral.

Olvera cerró su presentación afirmando que la violación masiva de derechos humanos, es caldo de cultivo de la trata de personas.

Asistentes al evento cuestionaron el uso de visas mexicanas para legitimar la trata de personas entre migrantes centro y sudamericanas; al tiempo que Brigada Callejera denunció el uso de visas norteamericanas de empleadas del hogar para facilitar la trata sexual en la frontera de Matamoros, Tamaulipas, donde trabajadoras sexuales entran y salen diariamente y son esperadas en camionetas que son vigiladas por proxenetas que andan a pie en las cercanías del cruce internacional.

Personal de UNODC, retomó las denuncias públicas que se han hecho sobre la impunidad con la que se lleva a cabo la explotación sexual en el callejón Coahuila de la ciudad de Tijuana, donde niñas de 12 años son prostituidas.

La feminista e investigadora Celina Izquierdo, afirmó que en Quintana Roo, la ley de trata, omitió la palabra “engaño” y suprimió por decreto el 80 por ciento de casos.

Brigada Callejera puntualizó el hecho de que los códigos civiles y los códigos de procedimientos civiles de los estados de la república, contemplen como causal de pérdida de la patria potestad de hijos e hijas menores de 18 años, el que una mujer sea prostituta, lo cuál ha servido para que tratantes y explotadores sexuales, utilicen la maternidad como un mecanismo de control, amenazando a las trabajadoras sexuales con enviarlas al DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) para que les quiten a sus hijos. Y como si esto no fuera suficiente, en el Distrito Federal, la reforma hecha al código civil el 30 de octubre de 2007, contempla la previsión de que ante la imposibilidad moral y de dar sustento material por parte de padres, madres o tutores, el niño es considerado en desamparo en el artículo 492 de la norma jurídica indicada.

Algunas figuras jurídica discriminatorias, utilizadas en los códigos civiles para la pérdida de la patria potestad son “no tener un modo honesto de vivir” (DF), “ejercer la prostitución” (Nuevo León, Jalisco y Puebla, por ejemplo), “tener costumbres depravadas” (Tlaxcala, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Estado de México); y en todo caso, el ejercicio de la prostitución es considerado por los jueces de lo familiar como un mal ejemplo para el desarrollo psicosocial del menor.

Otra causal de pérdida de patria potestad con una dedicatoria especial para mujeres que viven con VIH-sida, es padecer una enfermedad infecto-contagiosa; lo cuál coadyuva con la trata de personas y con la explotación sexual de este grupo de mujeres.

Hubo consenso entre las personas participantes en torno a que si el Estado mexicano no puede garantizar la seguridad de las defensoras de derechos humanos, las activistas tienen que escoger a qué autoridad recurrir para evitar que funcionarios públicos coludidos con la delincuencia organizada, atenten contra su integridad, dado el altísimo nivel de corrupción de las instituciones públicas encargadas de la impartición de justicia

Un tema abordado fue el de los usos y costumbres de los pueblos originarios, que desvirtuados a los largo del tiempo por  tratantes y proxenetas y un contexto facilitador de extrema miseria, discriminación y violencia institucionalizada hacia las comunidades indígenas; reproducen la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral, mendicidad y extracción de órganos, entre otras.

La ausencia de actas de nacimiento de la población indígena, abre la posibilidad a adopciones ilegales y dificulta la búsqueda de víctimas de trata; situación que comparten muchas trabajadoras sexuales, sus hijas e hijos.

Se indicó que también se está dando la trata de personas a la inversa, con la desaparición de niñas en San Diego, dos de las cuáles fueron asesinadas en Puebla y cuatro infantes más de catorce años, procedentes de Hidalgo, México, Veracruz y Ensenada, fueron repatriadas a San Diego, donde pandillas locales las privaron de su libertad.

Al respecto, la policía todavía sigue considerando estos casos, como rebeldía adolescente donde las jóvenes sólo han huido de sus casas, dificultando su recuperación.

Se denunció que la falta de regulación de los orfanatos, ha propiciado la explotación y abuso sexual.

Luis Flores, de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), mencionó que el tráfico de órganos es difícil de documentar. Sin embargo, existen cuatro clínicas en McAllen Texas, donde se transplantan órganos. Al respecto, en Tamaulipas hubo una denuncia pero la parte acusadora se retractó. En Chiapas, un niño indígena fue regresado sin ojos y con cuatro mil dólares y por una emisora local se informó que dos niños reportados como desaparecidos, aparecieron muertos, con órganos faltantes y con dinero en su cuerpo.

En San Diego, diversas farmacéuticas utilizan parte de órganos para investigación y eso nos coloca un semáforo rojo de alerta en materia de trata de personas para fines de investigación.

En la frontera norte de México, migrantes procedentes de China, Sudán, Somalia y Etiopía, llegaron a Brasil y de allí fueron encausados hasta Ciudad Juárez.

Se comentó sobre el flujo constante de niños ecuatorianos, que pasan por Chiapas, buscando ingresar a los Estados Unidos. Su traslado se da con mucha facilidad, solos o con alguien que no es su familiar; dicha situación debería alertar a las autoridades sobre los riesgos de que sean víctimas de trata o lleguen a serlo en su camino hacia la frontera norte de México.

Carlos Domínguez, consultor nacional de UNODC, indicó que sólo siete entidades federales cumplen con el Protocolo de Palermo, diecisiete parcialmente, cuatro de forma limitada y cuatro mínimamente.

Recalcó que el tipo penal de la trata de personas en México, es muy complicado, ya que tiene demasiados verbos rectores, lo cuál va a representar un reto para los servidores públicos encargados de la impartición de justicia.

Emilio Muñoz, del Centro de Derechos Humanos Fray Julián de Garcés, reiteró que en Apizaco, Tlaxcala, se criminaliza en operativos policíacos contra la trata de personas a las trabajadoras sexuales, que son independientes y eligieron con libertad dicho oficio; además de reprimirlas por haberse opuesto a la instalación de una zona de tolerancia.

Caracterizó al estado de Tlaxcala como productor de redes de trata de personas, que reclutan mujeres en diecisiete estados y operan en doce entidades federales.

Muñoz denunció  que en Tlaxcala, en los operativos contra la trata de personas, la policía se va sobre las víctimas, publican sus nombres y como participa la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado (CEDHT), se validan dichas violaciones a los derechos humanos.

Cabe señalar que las Jornadas de Discusión, buscaban incluir un recuento de los esfuerzos que la sociedad civil ha llevado a cabo para responder al reto que implica la trata de personas en México y crear un espacio de intercambio, reflexión y discusión con académicos, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y agencias de cooperación internacional que trabajan en el tema.

Al evento asistieron cincuenta trabajadoras sexuales de la Merced y Tlalpan, mismas que no pudieron participar porque “no fueron invitadas a las jornadas”, por el cuál sólo se permitió el acceso a una trabajadora sexual transgénero de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, con el compromiso de UNODC de establecer posteriormente un “conversatorio” con ellas.

Brigada Callejera remarcó que en los operativos policíacos contra la Trata de personas llevados a cabo por diferentes procuradurías estatales y la  Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), se detiene a las trabajadoras sexuales y presuntas víctimas de trata como si fueran delincuentes; luego son obligadas a declarar como testigos, sin conocer el contenido que los Ministerios Públicos les hacen firmar; y finalmente son presentadas como víctimas rescatadas, que regresan a la calle al día siguiente de los operativos.

El consenso de las personas participantes en el evento es que no hay política de Estado y las acciones del gobierno mexicano son aisladas. Así mismo, académicos y activistas sociales coincidieron en que el Estado mexicano no hace reparación del daño, mismo que ha quedado en manos de las ONGs.

Si a esto se suma que el presupuesto federal asignado a la trata de personas, en el período comprendido entre 2007 y 2012 fue de once millones de pesos; obtendremos como resultado, una total falta de interés por parte del Estado mexicano, con respecto a este tema.

Sandra Milena Cardozo participó a nombre de Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe (CATWLAC), que insistió en que se está infantilizando a las mujeres en la lucha contra la trata de personas, motivo por el cuál hay que diferenciar entre mujeres adultas, niñas, niños y adolescentes; opinión que el movimiento internacional de trabajadoras sexual ha denunciado desde los años noventas del siglo veinte.

Sandra Cardozo, de la Coalición, denunció que el artículo 35 de la ley de trata mexicana, condiciona el castigo de la demanda de trata de personas, lo cuál generará impunidad, en su opinión; mientras que para la Red Mexicana de Trabajo Sexual, dicho ordenamiento sólo legaliza la extorsión policíaca de sus clientes.

Cardozo mencionó que en el artículo 18 de la ley cuestionada, donde se imponen penas por turismo sexual, no se penaliza al turista, lo cuál denota una gran omisión por parte de las y los legisladores de la Cámara de diputados y el Senado.

Sandra cuestionó los artículos 19 y 20 de dicha ley general, copiados según ella del Código Penal de Australia, que legaliza la prostitución y por tanto establece la licitud para la explotación sexual y la Trata de personas; no sin antes mencionar que respeta a las trabajadoras sexuales.

Paradójicamente, el análisis que han hecho abogadas asesoras de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, es que los numerales 19 y 20, criminalizan la posibilidad de que las trabajadoras sexuales establezcan contratos laborales con quienes las emplean en bares, estéticas y otros establecimientos mercantiles.

Con respecto a la existencia de incontables comités locales, regionales y otras instancias interinstitucionales donde participa la sociedad civil, se dijo que en México seguimos haciendo violencia institucional.

La investigadora y académica tapatía, autora del libro “Tolerancia cero a la explotación sexual comercial infantil”, comentó que hay que tener la mente abierta a los nuevos usuarios y otros servicios y espacios, como es el caso de los gimnasios en Guadalajara, donde hay un mercado sexual de hombres universitarios que atienden a señoras bien; así como el mercado gay.

Una feminista cuestionó que si la intención era “salvar a las putas que han decidido vender su cuerpo, no siempre en condiciones de sumisión; será porque hay un pánico moral que sigue abonando al estigma, al victimizar a todas las prostitutas”.

A la demanda de mayores controles contra la trata de personas en las fronteras, se remarcó que eso no tiene porqué significar mayores restricciones migratorias, como ha ocurrido en el pasado.

Brigada Callejera cuestionó que el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 2010 – 2012, postule el rechazo social a la prostitución como una política pública; ya que organizaciones con trabajo en VIH-Sida, cuestionaron en su momento el concepto de “lucha contra el Sida”, que en la práctica se llegó a entender por algunos sectores sociales como combatir a las personas que vivían con VIH o con Sida (PVVS).

Esto es, promover el rechazo social a la prostitución, se traduce en rechazar socialmente a la prostituta, lo que genera un contexto de mayor violencia hacia este grupo de mujeres. Y si el Estado es quien promueve esta práctica estigmatizante, está incurriendo en violencia institucional.

Por otro lado, Brigada Callejera señaló que el Programa Nacional de Derechos Humanos de la administración pública federal del año 2008, formula la intención de erradicar la prostitución; sin atender las causas estructurales que la generan.

Algunas propuestas de políticas públicas fueron establecer protocolos para la integración de averiguaciones previas por los delitos relativos a la trata de personas, que facilite el acceso a la información; que las capacitaciones en el tema, incluyan un contenido programático mínimo; que se defina una política de refugios flexible; que se contemple un protocolo para el rescate de víctimas donde no se les re victimice y no se violen los derechos humanos de las presuntas víctimas, testigos, periodistas y defensoras de derechos humanos; que incluya la lectura de los derechos de las víctimas del delito, al inicio de los operativos policíacos; revisar los códigos civiles para que la maternidad de las trabajadoras sexuales deje de ser un mecanismo de control de los tratantes y explotadores sexuales; institucionalizar mecanismos de cooperación con los consulados de las fronteras, entre otros más.

Brigada Callejera recomendó también que en futuros ejercicios como el de éstas jornadas de discusión y elaboración de leyes, reglamentos y reformas legislativas sobre trata de personas, se tome en cuenta a las trabajadoras sexuales, ya que ellas son las verdaderas expertas en el tema; entre otras razones porque un número indeterminado de ellas son sobrevivientes de este delito y activistas contra la prostitución forzada y la prostitución infantil.

Por otro lado, en la Merced, policías ministeriales de la Procuraduría de Justicia del DF continúan fotografiando a las trabajadoras sexuales sin su consentimiento y ante el reclamo de algunas de ellas, la respuesta ha sido amenazarlas con que si hacen algo al respecto, serán acusadas de trata de personas; mientras que en Guadalajara, peritos forenses de la Procuraduría estatal, fotografían hoteles conocidos donde trabajadoras sexuales se ganan la vida ejerciendo su libertad sexual. Por otro lado, en Tlalnepantla, Estado de México, siguen las ejecuciones de trabajadoras sexuales, mientras que en Toluca se incrementan los feminicidios de mujeres que laboraban en centros nocturnos donde el narcotráfico impone su ley.

Las jornadas contaron con la presencia de personal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la Universidad Iberoamericana, el capítulo México de la Red Internacional ECPACT (End child prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes), el Instituto Mora, la Red Nacional de Refugios, el CIAM de Cancún, Sexualidad Responsable de Ciudad Juárez (SeRe), el Instituto para las Mujeres y la Migración, GENDES masculinidades, la Universidad del Caribe, la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe ( CATWLAC), la Universidad de Guadalajara (UdG), Campaña Corazón Azul de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S. J., el Observatorio de Trata de Personas, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A. C., y la Red Mexicana de Trabajo Sexual.



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