(2018-01-29) Inglaterra: Carillion, el gigante de los hospitales PFI, en quiebra
Era mas cómodo mirar para otro lado mientras el PP compraba voluntades, los colegios profesionales y sindicatos subvencionados colaboraban, se ponía en marcha la «operación Montes» para distraer la atención de la población, y ayuntamientos de «izquierdas» cedían alegremente terreno gratis para que Esperanza Aguirre adjudicara a lo mas granado del mundo empresarial, la explotación de hospitales por décadas.
Lógicamente el PP no había inventado nada. Estaba aplicando lo que conservadores y laboristas llevaban años haciendo en Gran Bretaña. Ahora en Reino Unido, la era de «privado bueno, público malo» parece estar llegando a su fin. Por todas partes, los recortes presupuestarios de entre el 40% y el 50% obligan a recortar personal y servicios, pero no se pueden tocar los contratos PFI o PPP, están blindados para asegurar sus ganancias, con retornos en algunos casos de hasta el 60% para sus accionistas. Accionistas de compañías offshore, por lo que pagan poco o ningún impuesto sobre estas ganancias en el Reino Unido. Mientras, los medios informan del colapso de Carillion, el gigante de los contratos PFI, que podría ser solo la punta del iceberg.
En algunos lugares de Gran Bretaña se están rescatando contratos. Rescatando de verdad, no lo que nos anuncian aquí PSOE, Compromis y Podemos con Alzira, que simplemente es no renovar la concesión porque finaliza el contrato. En el estado español, ningún partido se ha atrevido a rescatar ni un solo hospital. No vaya a ser que los que pagan se enfaden.
Mientras que la crisis invernal se agrava en el NHS, dos hospitales de urgencia -el Metropolitano de Midland y el Royal de Liverpool- que iban a ser construidos por Carillion bajo el modelo PFI, ahora esperan el rescate estatal. En otros lados, el servicio de bomberos debe dedicarse a entregar las comidas escolares que Carillion no ha sido capaz de proveer.
La evidencia muestra desde hace muchos años que el PFI es siempre más costoso en comparación con su alternativa financiada públicamente -un informe reciente del gobierno británico reconoció que algunos son hasta un 40% más caros-. Pero nadie pagara por esto. Es el contribuyente el que termina pagando la cuenta de los errores del sector privado.
LA NOTICIA
El esfuerzo por controlar las consecuencias de la crisis de la empresa continua, a medida que se descubre que su pasivo total asciende a unos 5.000 millones de libras.
El grupo de construcción Carillion quebró la semana pasada dejando un pasivo financiero de cinco mil millones de libras, según las estimaciones más radicales de sus obligaciones con decenas de miles de suscriptores de planes de pensiones.
Sky News ha revelado que un análisis independiente del déficit de las pensiones de Carillion basado en la Sección 75, o compra o total, concluyó que el déficit contable ascendía a 2.600 millones de libras, un importe muy superior a los 587 millones mencionados por su ex consejero delegado en su testimonio ante un Alto Tribunal.
La cifra de 2.600 millones de libras se refiere a la cantidad pagada por Carillion a una compañía de seguros para garantizar la totalidad de sus obligaciones en materia de pensiones, y es importante tenerlo en cuenta, ya que es probable, según fuentes bien informadas, que esta sea la cantidad reclamada, por cuenta de los planes de pensiones, como parte del proceso de liquidación.
Las mismas fuentes desvelaron que el déficit total de dicha compra era también importante porque, sumado a otras deudas de Carillion, incluidas las contraídas con sus bancos, eleva el total de sus obligaciones financieras en el momento de la quiebra a aproximadamente 5.000 millones de libras.
La magnitud del endeudamiento total de la empresa disminuye aún más su capitalización bursátil, comparativamente insignificante, de tan solo 61 millones de libras cuando se convocó al Administrador Judicial el pasado lunes.
Aunque los planes de pensiones hayan interpuesto una demanda por 2.600 millones ante el liquidador, no hay perspectivas de que se obtenga esa cantidad, ya que Carillion quebró con solo 29 millones de libras en su balance.
Las verdaderas causas del fracaso de Carillion
El Fondo de Protección de las Pensiones (FPP) intervendrá a partir de ahora para indemnizar a los 28.500 suscriptores de los planes de pensiones, con lo que la factura total puede elevarse hasta 920 millones de libras.
El FPP paga una prestación de jubilación reducida a los trabajadores de las compañías que se declaran insolventes, en comparación con sus derechos adquiridos.
Además del déficit de pensiones de la Sección 75 de 2.600 millones de libras, el pasivo de Carillion cuando se declaró en quiebra incluía 1.300 millones de libras adeudadas a su consorcio bancario, 350 millones de libras derivadas de las facilidades de pago anticipado a proveedores, garantías cruzadas por valor de 630 millones de libras relacionadas con líneas de fianzas, 170 millones de libras de bonos convertibles garantizados por la compañía, y una deuda no revelada a la Oficina de Recaudación y Aduanas británica, de la que 16 millones debían estar disponibles a fin de mes.
El tamaño y la complejidad del balance general de Carillion se encuentran probablemente entre los factores que van a ser examinados durante la investigación encargada de analizar la conducta de los directores y auditores de la compañía.
Greg Clark, Secretario de Estado de Empresa, Energía y Estrategia Industrial, ordenó al Servicio de Insolvencia acelerar la investigación de la crisis de Carillion y se ha pedido al Consejo de Información Financiera que examine el trabajo de KPMG, el auditor de la compañía, y de los socios particulares.
Los ministros han luchado desde la quiebra de Carillion por controlar sus consecuencias, ante el temor de que decenas de miles de subcontratistas se vean arrastrados por una de las mayores catástrofes sufridas por un gran grupo industrial del Reino Unido en las últimas décadas.
Entre tanto, el Comité de Enlace del Parlamento, constituido por los presidentes de las comisiones seleccionadas, ha sido el último en anunciar su propia investigación.
El diputado laborista Frank Field, que preside la comisión de trabajo y pensiones, declaró: «Propondré que hagamos comparecer a los directores de la compañía, los administradores fiduciarios, el regulador de pensiones y los auditores que de alguna manera concluyeron que Carillion era una empresa viable».
La noticia de que Carillion tenía muchas más obligaciones financieras de las esperadas llega días después de que Keith Cochrane, su presidente ejecutivo en funciones, revelara en una declaración judicial que el Royal Bank of Scotland (RBS), respaldado por los contribuyentes, había endurecido los términos de financiación a Carillion tres días antes de que se viera obligado a llamar a los liquidadores.
El personal clave en Carillion
Cochrane, que no ha hablado públicamente sobre la quiebra de la compañía de la que ha sido responsable desde que el pasado julio una advertencia de menores beneficios hiciera que se desplomaran sus acciones, acusó a RBS de tomar «medidas unilaterales que, en opinión de la compañía, socavaron las esfuerzos del grupo para mantener la liquidez”.
Según Keith Cochrane, el RBS informó a Carillion el viernes pasado de su deseo de que la compañía prefinanciara los pagos a los proveedores a través del banco, lo que significaba que tendría que hacer esos pagos dos días antes de que se hubieran adoptado las previsiones de flujo de efectivo.
Añadió que este hecho afectó negativamente a la liquidez de Carillion con un impacto de entre dos y veinte millones de libras.
Santander UK, otro miembro del comité de los principales prestamistas de Carillion, también fue criticado por Cochrane por causar el pánico entre el consorcio de prestamistas el 21 de diciembre, al notificar por escrito a los proveedores del gigante de la construcción cambios inmediatos en la línea de financiación anticipada del Banco.
La declaración del responsable en funciones de la entidad detalla los esfuerzos frenéticos para asegurarse el apoyo financiero del Gobierno, el contribuyente y sus prestamistas en los meses previos a su hundimiento.
Su fracaso ha dejado a 19.500 trabajadores del Reino Unido con el temor a perder sus empleos y la incertidumbre sobre la viabilidad de una serie de importantes proyectos del sector público, dato que animó al líder laborista, Jeremy Corbyn, a declarar que las empresas privadas no deberían ser adjudicatarias de contratos públicos.
Un portavoz de los de los administradores fiduciarios de las pensiones de Carillion se negó el pasado viernes a hacer declaraciones al respecto.
Traducido por Ana Calahorra para CAS