10 mentiras de Zoido sobre la actuación policial en el 1-O (con vídeos)

Por David González

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha incurrido al menos en una decena de falsedades en el relato con que ha justificado en una comparecencia en el Senado la intervención de la Guardia Civil y la policía española para impedir la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre pasado.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha incurrido al menos en una decena de falsedades en el relato con que ha justificado en una comparecencia en el Senado la intervención de la Guardia Civil y la policía española para impedir la celebración del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre pasado.

Uso de la fuerza en el referéndum

Zoido ha sostenido que “se produjo un uso legítimo y proporcionado de la fuerza”. En realidad, el hecho de que se contabilizaran 1.066 personas heridas a raíz de los golpes de porra, los empujones e incluso el lanzamiento de pelotas de goma desmienten categóricamente el principal argumento del ministro. Así lo acreditan las imágenes disponibles de la brutal intervención policial en muchos centros de votación y que han dado la vuelta al mundo y los propios testimonios y denuncias de los afectados, a partir de las cuales se han abierto varios sumarios en más de una veintena de juzgados. El informe anual del prestigioso observatorio internacional Human Right Watchdenuncia “el uso excesivo de la fuerza el 1-O”.

Número de centros de votación afectados

El ministro Zoido ha manifestado, en relación con la intervención de la policía en el referéndum, que sólo hubo problemas en 6-7 colegios electorales. En el resto, ha dicho, hubo “normalidad”. El número de centros de votación afectados es en realidad mucho más ampliocomo se puede comprobar en este mapa de todo el territorio catalán. Sólo en la demarcación de Barcelona ha habido denuncias ante los juzgados por agresiones de las fuerzas de seguridad del Estado en 26 puntos de votación.

La actuación de los Mossos

El ministro ha insistido en la tesis que la intervención de la policía y la Guardia Civil se debió a la “absoluta pasividad”, la “inacción” y la “poca colaboración” de los Mossos d’Esquadra con el resto de policías del Estado durante el operativo. La realidad es que las unidades de la policía catalana cerraron más centros de votación que los cuerpos policiales estatales, según varias fuentes, el doble: de 130 a 140 los Mossos y de 60 a 70 las policías españolas.

Obediencia a los jueces

El ministro del Interior ha asegurado que “La actuación policial tenía como fin obedecer la orden judicial”. Pero la actuación manifiestamente selectiva de los agentes en muchos centros de votación, como el colegio de Sant Julià de Ramis donde tenía que votar el president Puigdemont y que sufrió fuertes destrozos por la irrupción de los agentes mazo en mano, o las actuaciones en pequeños pueblos, prueban hasta qué punto buena parte de las unidades policiales aplicaron la consigna del “A por ellos!“.

Uso de pelotas de goma

“La información que tengo es que la persona lesionada había hecho caer vallas”, ha afirmado el ministro, refiriéndose al caso de Roger Español, quien ha perdido la visión de un ojo a consecuencia del impacto de una pelota de goma disparada por un agente de la policía. Las imágenes que se han conocido de los hechos prueban que los agentes dispararon de manera indiscriminada contra grupos de votantes usando pelotas de goma —prohibidas por la legislación catalana— y en varios lugares. Español ha explicado que los agentes dispararon cuando ya se retiraban, después de haber confiscado las urnas del colegio Jaume Balmes de Barcelona.

Tensión en Calella y Pineda de Mar

Zoido ha manifestado que “se quiso llegar a expulsar a policías nacionales y guardias civiles de Calella y Pineda de Mar”. Pero el ministro no ha explicado que, en realidad, las protestas que hubo contra los agentes alojados en las dos poblaciones del Maresme se originaron en las agresiones que protagonizaron algunos de ellos en Calella contra vecinos de la población la misma noche del referéndum. Según varios testigos, guardias civiles de paisano que estaban en el Hotel Vila respondieron a una protesta de los vecinos escupiéndoles, echándoles orines encima e, incluso persiguiéndoles con porras extensibles. Incluso llegaron a agredir a un mosso d’esquadra.

Garantías de la votación

El titular de Interior del gobierno español ha asegurado que “el 1-O hubo total ausencia de garantías y control” y que en algún colegio electoral el número de votos emitidos fue superior al censo. Si esta circunstancia se dio se debe al hecho de que, ante los impedimentos para que se celebrara con normalidad la votación, el Govern declaró el censo universal, de manera que los ciudadanos y ciudadanas pudieran votar en cualquier punto de votación abierto pero, obviamente, sólo una vez.

Niños cortando la autopista

“Lo peor del 8-N fue usar menores para cortar las carreteras, con el peligro que les puede provocar”, ha afirmado Zoido, quien, a la vez, ha exhibido una fotografía en que se ven menores de edad en una autopista el día de la “huelga de país” convocada como protesta por la represión policial del 1-O. La foto se denunció en su día como “fake” porque los niños en cuestión estaban en realidad a centenares de metros de distancia de donde se estaba produciendo el corte de la autopista, la C-32 cerca de Mataró (El Maresme). Y más lejos aún de un grupo de policías preparados para hacer frente a los manifestantes. Los cortes de carreteras permitieron a muchos vecinos circular libremente por las vías en aquella jornada.

El Gobierno español y los encarcelamientos

El ministro ha afirmado que “Si hay personas que están en la prisión es por unos tribunales que lo han decidido. El gobierno español no hace nada”. Es cierto que son los jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo los que han enviado a prisión a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los miembros del Govern, y la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Pero todas las actuaciones en forma de querellas se han emprendido desde la Fiscalía General del Estado, que recibe órdenes directas del Ejecutivo. La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha vanagloriado de haber “decapitado” a Junts per Catalunya y ERC a raíz de la marcha del president Carles Puigdemont a Bruselas y el encarcelamiento del vicepresident Oriol Junqueras. Las medidas del artículo 155, a iniciativa de Rajoy, y que han supuesto el cese del Govern, la intervención de la autonomía y la convocatoria de elecciones, ha dado cobertura política a las decisiones judiciales.

¿Hubo referéndum?

El ministro ha afirmado que, a raíz de la actuación policial, “no ha habido ningún proceso que pueda ser considerado un referéndum”. En realidad, y a pesar de las cargas de la policía y el cierre de muchos centros de votación, en el referéndum participaron 2.286.217 personas, según los datos del Govern. Y una de las razones de más peso para que ello fuese así es que ni la policía, ni la Guardia Civil ni el CNI, el servicio de inteligencia español, fueron capaces de interceptar una sola urna en los días previos al 1-O.

 

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